Los recientes hechos relacionados al ataque cibernético, así como las recientes filtraciones de datos sensibles de la ciudadanía, así como también de información que puede poner en riesgo la seguridad nacional, señalan claramente que nos encontramos ante un suceso que demuestra la tremenda fragilidad de los sistemas del Estado paraguayo. Eso es inaceptable, como es intolerable la displicencia de los organismos del Estado para responder a los graves acontecimientos. Las advertencias deben ser consideradas con más responsabilidad.
Este año, en el mes de marzo se había filtrado la base de datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral y de los partidos políticos; la información sobre millones de ciudadanos quedó expuesta y en venta. También se filtró un archivo con más de 17.000 registros que contenían datos privados sobre pagos a funcionarios sueldos y números de documentos de identidad.
Más recientemente y es una información prácticamente en desarrollo, se supo del jaqueo y espionaje a funcionarios paraguayos respecto a las negociaciones del Tratado de Itaipú, responsabilidad atribuida al ex presidente Jair Bolsonaro. Sucedió en el año 2022 y fue dejada sin efecto por el director interino de la agencia brasileña de inteligencia en marzo 2023.
Estos datos no solamente indican la fragilidad de los sistemas del Estado, lo que deja vulnerables los datos de la ciudadanía e incluso información de seguridad nacional, apuntan sobre todo al hecho de que autoridades y funcionarios conocían la situación y al parecer no se han tomado las medidas.
Ahora el Ministerio Público decidió abrir una causa penal y ya designó a una fiscala para investigar el jaqueo de Brasil, en el gobierno de Bolsonaro, durante las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú Binacional. Sin embargo, más allá de las acusaciones, reparto de culpas y la acostumbrada pirotecnia de los políticos, queda claro una situación: autoridades y funcionarios de gobierno, no están asumiendo la gravedad de la situación. El estado del sistema es frágil y poco se está haciendo para aumentar la seguridad.
Por eso, en primer lugar las personas responsables directamente, y quienes asumieron el cometido de administrar el país deben tomar todas las medidas que sean necesarias para reparar el daño causado y evitar que la situación siga causando más perjuicios a los ciudadanos ni sea ya un peligro para la seguridad nacional.
Por encima de todo, es absolutamente inaceptable que un gobierno no tome las medidas necesarias frente a la vulneración de datos de –nada más y nada menos– que la Policía Nacional, ni que sea motivo de exhaustiva investigación y toma de decisiones, la exposición de información de la población, antecedentes policiales y penales, cédula, registros de detenciones y otros.
No puede el país continuar sin contar con una ley de protección de datos, que establezca mecanismos de prevención y sanciones, tal como lo vienen proponiendo varias organizaciones.
Una de ellas, Tedic, que viene advirtiendo respecto a la fragilidad del sistema paraguayo para proteger datos personales, cuestionando la ausencia de políticas públicas, normativa para la protección de datos personales, inversión en infraestructura tecnológica así como también la capacitación de los recursos humanos especializados.
Paraguay ha demostrado al mundo entero la fragilidad de su sistema y resulta difícil esperar que nos tomen en serio y nos vean como un país en el cual es seguro invertir si ni siquiera se cuenta con un Plan Nacional de Ciberseguridad actualizado; u otras herramientas que prevengan fugas y protejan los datos de los ciudadanos y del gobierno.
Urge que las autoridades encaren este asunto con la seriedad que amerita la situación. Para eso no solamente son necesarias leyes o planes nacionales de ciberseguridad que pueden quedar en meras palabras. Se debe pasar a la acción para poder estar protegidos de los ataques.
