No cabe dudas de que nuestro país hizo avances para acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, ni las leyes ni las instituciones están logrando poner un freno a este tipo de actos que en el 2023 se han cobrado 45 vidas, y dejado más de 80 niños huérfanos.
Es sabido que uno de los logros ha sido la Ley 5777 “De protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia”, la cual tiene por finalidad, promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y establece que la violencia feminicida es la que conduce a la muerte o infringe daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico a la mujer, solamente por su condición de mujer. La normativa establece penas de cárcel de 10 a 30 años para los feminicidas; sin embargo, y a pesar de la pena elevada, lamentablemente, se siguen produciendo en todo el país.
A la luz de un escalofriante inicio del 2024, cuando en apenas dos semanas se han tenido reportes donde la brutalidad es la constante, es evidente tener que reconocer que nos queda mucho por hacer, como Estado y como sociedad, para poner un freno a la violencia contra las mujeres y las niñas. Implica que debemos pensar qué es lo que está fallando, si aun contando con una herramienta legal y con instituciones se sigue perpetuando la violencia machista.
De hecho, a nivel regional la situación es asimismo preocupante, según los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región se produce al menos un feminicidio, o muerte violenta de una mujer por razón de género, cada dos horas.
En agosto del 2023, el país había quedado horrorizado con un hecho de feminicidio. En un estremecedor suceso, un joven atropelló repetidamente con un automóvil a su ex novia, la joven falleció en el hospital. Llama la atención que el feminicida tenía arresto domiciliario por una causa de violencia familiar contra la misma joven, y de hecho que unos meses antes ya había sido imputado por violencia familiar. Este, además de violar su arresto domiciliario, controlaba obsesivamente a la mujer, a través de las redes sociales.
Este caso sirve para ejemplificar que las leyes e instituciones no resuelven solas los graves problemas sociales, y que los Estados deben afinar sus acciones para lograr más eficiencia en los mecanismos de protección. Recordemos que el feminicida debía haber estado arrestado en su domicilio, sin embargo, pudo actuar con un alto grado de crueldad; no actuó movido por el alcohol o los celos, sino que lo planeó con alevosía.
Esta cuestión se encuentra precisamente en el centro de esta problemática, y es que los agresores no se convierten en feminicidas por estrés, enojo o por el consumo de alcohol, lo hacen por tener una validación cultural de que tienen un derecho de posesión respecto de las mujeres.
Paraguay debe hacer esfuerzos por cambiar la cultura machista desde la educación, esa sería una de las claves. Además, se deben redoblar los esfuerzos por proteger a las víctimas de violencia familiar cuando estas realizan las denuncias, las instituciones deben cumplir con su obligación dándoles garantías y protección.
Al mismo tiempo, se debe reforzar la estrategia contra toda forma de violencia en diversos frentes: necesitamos funcionarios mejor capacitados y a la vez, estructuras que ofrezcan respuestas más eficientes, y trabajar sobre todo en la educación, para construir una sociedad respetuosa con todos sus miembros, capaz de reconocer a todos sus derechos y su dignidad.
