En Paraguay una ínfima parte de la población mayor cuenta con autonomía económica, ya que la mayoría de los trabajadores durante su trayectoria laboral solo pudieron encontrar trabajo en ocupaciones informales y con ingresos bajos. Actualmente, menos de un cuarto de los trabajadores cotizan en algunos de los mecanismos disponibles –Caja Fiscal, IPS, mutuales, cajas privadas-. Si consideramos toda la población adulta esta proporción cae a poco más del 10%.
A la baja cobertura se agrega la desigualdad.
El 80% de los aportantes se encuentran en el 20% de la población de mayores ingresos. En contrapartida, solo el 4% de los trabajadores en el 20% más pobre está incluido en algún régimen jubilatorio.
Esto significa que en la vejez tampoco tendrán un ingreso digno para vivir. Solo un tercio de las personas mayores reciben una jubilación o pensión, el 9% tienen jubilación y solo un tercio de las personas mayores en situación de pobreza tienen la pensión alimentaria dirigida a esta población.
Es decir, el 9% recibe una jubilación que en promedio ronda un salario mínimo, pero quienes cuentan con la pensión alimentaria solo reciben el 25% de un salario mínimo, monto claramente insuficiente para llevar una vida digna.
A este contexto de desigualdad se agrega la que se origina en la forma en que se financian las políticas. El déficit de la Caja Fiscal originada con el programa no civil (policías y militares) se financia con impuestos y significa una transferencia anual de alrededor de G. 55.000.000 por persona a alrededor de 16.000 jubilados.
Este déficit, al estar financiado con impuestos, proviene fundamentalmente de impuestos indirectos, ya que los mismos representan alrededor del 70% de las recaudaciones. Sabemos que los impuestos indirectos pesan más en términos relativos a las personas de menores recursos, justamente quienes nunca se jubilarán.
Los datos del Ministerio de Hacienda indican que al cierre de 2020, el déficit global de la Caja Fiscal fue de USD 150 millones, de los cuales USD 15 millones corresponden al Programa Civil, financiado con los recursos excedentes de los sectores superavitarios (Administración Pública, docentes universitarios y magistrados judiciales); y USD 135 millones del Programa No Civil, financiado con impuestos generales.
Estas cifras están en aumento sostenido, por lo que a medida que pasan los años irán aumentando y empeorando la situación fiscal. Por esta razón es urgente una reforma que garantice una solución de largo plazo y en todos los sectores. En la Caja Fiscal existen varios sectores, todos con diferentes condiciones y prestaciones: administración central, magisterio nacional, docentes universitarios magistrados judiciales, militares, policías, agentes de la Patrulla Caminera, personal de enfermería, médico y de sicología y guardaparques.
Esta semana, el Ministerio de Hacienda presentó una propuesta de cambios paramétricos elaborada con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, que permitirá posponer el agotamiento por 10 años más; es decir, hasta el 2038; y además, generar un ahorro para el Tesoro por valor de USD 691 millones entre el primer y el quinto año de su implementación. La propuesta implica equiparar las edades mínimas de jubilación y aumentar e igualar las tasas de aporte.
Esta primera reforma es fundamental; sin embargo, sus resultados positivos se agotarán rápidamente, por lo que ese tiempo es necesario utilizar para debatir y acordar un sistema jubilatorio que beneficie a toda la población adulta y que garantice sostenibilidad para los próximos 50 años.