La calidad de la democracia y las reformas económicas van de la mano. Sobran los ejemplos de importantes transformaciones llevadas a cabo por las dictaduras latinoamericanas. Solo los sectores autoritarios y retrógrados siguen valorando esos regímenes y sus reformas.
En la actualidad, las sociedades que buscan la vigencia de un Estado de derecho aspiran a procesos participativos y a diálogos informados. Autores como Pierre Rosanvallón señalan que el derecho a reclamar representantes de todos y del todo derivado del voto mayoritario fue característica del siglo XIX.
Diversos y heterogéneos procesos nacionales, regionales y globales permitieron la maduración de las democracias, lo que llevó a ampliar la percepción de legitimidad más allá de los procesos electorales hacia el funcionamiento de la administración pública. Durante el siglo XX, la legitimidad política ya no se sustentó solo en la cantidad de votos, sino también en la calidad de los servicios públicos.
A finales del siglo XX, estas dos vías también perdieron vigencia relativa, ya que adquirieron relevancia en las sociedades más desarrolladas y democráticas los procesos reflexivos y argumentativos a través de los cuales además del voto, existe la voz de las minorías, de los grupos con demandas específicas y la de los académicos, entre otras voces, que con la deliberación y el debate público enriquecen la democracia, su calidad y la de las decisiones públicas.
Los cambios institucionales de la dimensión que se están planteando actualmente como la creación del ministerio de economía, la unificación de las administraciones tributarias y aduaneras y la reorganización de ministerios requieren, en democracias modernas: Debate público y análisis técnico riguroso. En definitiva, exigen argumentación política y técnica de manera a lograr la legitimidad propia de la vigencia de valores democráticos. La forma en que se están llevando a cabo las reformas no condicen con procesos propios de sociedades que han logrado avanzar hacia el desarrollo con cohesión social.
Además de la legitimidad pública, una reforma económica exige estudios, justificaciones técnicas, evidencia empírica y evaluaciones ex ante. Por eso, el sentido común y las reglas del Congreso solicitan que los proyectos de ley sean presentados con los soportes técnicos que estiman sus costos y potenciales resultados.
De la manera en que se están presentando, analizando y debatiendo los proyectos de reforma, también hay una clara deficiencia en términos de su legitimidad técnica. En tal sentido, se han manifestado voces que están lejos de los actores políticos que alertan sobre los riesgos, pero que por la rapidez de las aprobaciones es evidente que no están siendo escuchadas.
Paraguay está entre los países de peor calidad institucional si se consideran los múltiples indicadores y evaluaciones realizadas al respecto. Esta situación se explica por la improvisación y la ausencia de mínimos criterios técnicos en la elaboración y aprobación de los marcos jurídicos que finalmente acaban siendo inaplicables o con serios problemas en su implementación.
Independientemente de las buenas intenciones, de la pertinencia administrativa de las reformas y suponiendo la calidad técnica de las leyes que se están aprobando, este proceso no contribuye a la construcción de la democracia, condición fundamental para una institucionalidad económica fuerte y la gobernabilidad política, menos aún cuando los argumentos que se exponen como justificación en muchos casos son falaces o carentes de validez técnica.
