Cansados de los tarifazos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), miembros de una organización civil denominada Franqueños en Acción iniciaron una campaña de recepción de denuncias de sobrefacturaciones para exigir solución a las autoridades y ante la Justicia. Los ciudadanos movilizados acampan frente a la oficina regional de la entidad estatal, ubicada en Ciudad del Este, desde el lunes pasado anuncian que no van a parar hasta lograr sus objetivos.
Están organizando las carpetas de los afectados por los llamativos aumentos del monto de las facturas, entre diciembre y enero último, que serán presentadas a responsables de la institución, para exigirles la regularización.
Los manifestantes son ciudadanos estafados y robados en sus humildes viviendas, de acuerdo con lo señalado por Amalia Ibarrola, quien es coordinadora de Franqueños en Acción. Entre las denuncias, se halla el caso de una señora que reside en una vivienda precaria que había recibido una factura de más de G. 7 millones y ahora no tiene cómo pagar, según Ibarrola.
Cortes. También refirieron que la ANDE cobra en forma mensual por el alumbrado público, pero muchos no funcionan y las calles están a oscuras, además de los cortes del suministro de energía eléctrica entre 3 y 5 veces por mes.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLos ingenieros Juan Rozano y Jorge Arguello pidieron a los manifestantes la apertura de una mesa de diálogo, para analizar caso por caso. Sin embargo, hasta ayer los indignados seguían sin dar una respuesta a los gerentes.
Los manifestantes lamentaron que la ANDE sobrefactura la boleta de consumo y cobra, primeramente, para posteriormente pedir que se hable con ellos.
ADESHIÓN. Paralelamente, están juntando firmas para apoyar el proyecto de ley para la reducción de la tarifa de la ANDE, presentado en diciembre por legisladores liberales, del Frente Guazu y el PDP.
Con el proyecto se busca reducir al 90% el costo de las facturas, que serían absorbidas con fondos originados de los gastos de responsabilidad social de las entidades binacionales Yacyretá e Itaipú.