A lo largo de los años se fueron acumulando terribles anécdotas en cuanto a la atención en salud, como el tratamiento que recibió una joven, quien dio a luz en el piso de la sala de Urgencias del Hospital Nacional de Itauguá, y el otro caso en que personal del Hospital de Barrio Obrero se negó a atender a una joven con múltiples fracturas. Aquello puso en evidencia la atención deshumanizada que recibe la población pobre que acude a la salud pública. También están los sistemáticos reclamos de los pacientes con cáncer, quienes regularmente deben realizar protestas frente al Ministerio de Salud para ser escuchados. A este largo rosario de desdichas debe sumarse la situación del Instituto de Previsión Social, a pesar de que no es una institución del Estado y, en realidad, se sostiene con los aportes de los trabajadores y trabajadoras. El IPS no provee medicamentos, los asegurados deben aguardar mucho tiempo para obtener turno para un estudio y aquí nadie se hace cargo de la crisis.
En febrero de 2024 el presidente Santiago Peña visitó sorpresivamente el Hospital Nacional de Itauguá y se comprometió en mejorar las condiciones. Dijo que se iba a hacer una intervención inmediata en el área de emergencias, en el sector de los albergues y de diálisis; y aprovechó para lanzar la primera promesa de “construir un nuevo hospital nacional de referencia, y estamos decididos a que lo vamos a hacer”, había dicho. Después de eso, en el mes de julio, aprovechando la habilitación de la Costanera Sur, el presidente anunció: “El nuevo hospital, el primer hospital de referencia de Asunción, va a estar aquí en la Costanera Sur”. Ese día también prometió la construcción de viviendas. Luego, durante una jornada de gobierno realizada en el Departamento de Canindeyú, Santiago Peña anunció la construcción del Gran Hospital de Curuguaty, que se iniciaría dijo, en el marzo de 2025. El gran hospital sería financiado con recursos provenientes de la Itaipú Binacional y costaría USD 20 millones.
Con promesas de construir hospitales a lo largo y ancho del país no se resuelven los problemas, y sobre todo, sin garantizar equipos, infraestructura y recursos humanos. Como se puede leer en el Informe de Derechos Humanos 2024, en nuestro país, entre 2010 y 2019, mientras el presupuesto público en salud creció un 174%, “los contratos para seguros privados aumentaron en un 8.477%; dicho uso de fondos públicos para pagar servicios de seguro médico privado se da en forma encubierta, pues estos privilegios de grupos de funcionarios públicos no son discutidos en un debate público transparente”.
Consideramos que el presupuesto de salud pública debe ser aumentado y los servicios destinados a la gente, como el caso de las Unidades de Salud de la Familia; volver a trabajar por la humanización de la atención en salud y al mismo tiempo potenciar la salud preventiva. Recordamos la Navidad del año 2019 y el anuncio de la ministra de salud, Esperanza Martínez, durante la Presidencia de Fernando Lugo, sobre la gratuidad de los servicios de salud en los centros y hospitales dependientes del Ministerio, medicamentos básicos, análisis externos y ambulancia. Los paraguayos no podemos renunciar al anhelo de una salud universal y gratuita.
