En agosto del año pasado, el Congreso Nacional sancionó la citada normativa que modifica varios artículos de la Ley 5033/13 que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de “la declaración jurada de bienes y rentas, activos pasivos de los funcionarios públicos”.
La ley es considerada “claramente inconstitucional” por empresarios que contratan con el Estado, debido a que extiende la obligación establecida por la Carta Magna solo para los funcionarios públicos, de presentar la declaración de bienes y rentas.
El directivo de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Jorge Pappalardo, dijo ayer que la citada ley “es absolutamente inconstitucional desde donde se lo mire, porque nosotros no somos funcionarios públicos y, esto, en vez de transparentar más va a trabar todos los procesos con el Estado”.
Añadió que hay un aluvión de pedidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría para que se suspenda la vigencia de esta ley.