Miembros de la organización, Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) entregaron ayer una nota en la Cámara de Diputados, dirigida al presidente Miguel Cuevas, por medio de la cual solicitan el urgimiento para tratar el pedido de la pérdida de investidura del diputado liberal Carlos Portillo, pendiente de su estudio desde el año pasado.
“Desde agosto del 2018, un grupo de ciudadanos decidimos hacer frente a la corrupción política imperante en el país, de tal suerte a devolver la institucionalidad al Poder Legislativo bastardeado por personas que desde ese cargo han deshonrado el interés ciudadano de vivir en un país con más justicia social, donde impere el estado de derecho”, dice una parte del documento.
Recuerdan que en setiembre del año pasado se presentó la solicitud en contra del legislador liberal por haber incurrido en la causal prevista en el artículo 201 de la Constitución Nacional, el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.
El dirigente liberal, representante del Alto Paraná, enfrenta un proceso judicial, luego de filtrarse una serie de audios que evidencian la supuesta intromisión política del legislador en casos judiciales tramitados en tribunales de Alto Paraná.
Señalan asimismo que la pérdida de investidura es un verdadero juicio de responsabilidad política que corresponde a cada Cámara del Congreso, que culmina con una sanción jurisdiccional de tipo disciplinario, cuyo objetivo es preservar la dignidad de los congresistas y castigar la vulnerabilidad del régimen disciplinario a ellos impuesto en razón de la función que desempeñan.
“Carlos Portillo ha defraudado peligrosamente la confianza de los ciudadanos, es por ello que sus pares tienen la obligación de recuperar la credibilidad institucional y la confianza de la ciudadanía, manteniendo a sus mejores hombres y mujeres para que representen los intereses de la sociedad”, remarca la nota.
NO SE TRATÓ. En momentos en que se trataba el proyecto de ley que busca reglamentar la pérdida de investidura, la sesión de la Cámara de Diputados quedó una vez más sin cuórum, impidiendo que la iniciativa sea analizada.
El documento plantea que se necesitará de una mayoría absoluta para la remoción de un legislador, 23 en el Senado y 41 en Diputados. El liberal Jorge Ávalos Mariño propuso que se acepten parcialmente las modificaciones realizadas en el Senado y ratificarse en lo que respecta a las firmas que se necesitan para solicitar el tratamiento de la pérdida de investidura. El proyecto de Diputados plantea que con 16 firmas se puede solicitar el inicio del proceso contra un diputado; la versión del Senado establece 20 firmas.
