El ministro de Hacienda, Benigno López, e integrantes del Poder Ejecutivo rindieron cuentas sobre el uso del 71% de la línea de crédito de USD 1.600 millones otorgados para hacer frente a la pandemia por el coronavirus.
De este total, apenas el 7,8% fue destinado efectivamente a Salud, es decir, USD 94 millones. Del monto total destinado a Salud, la ejecución fue de USD 4 millones hasta el momento, de los cuales apenas USD 300.000 fueron destinados a insumos médicos.
López comenzó recordando que la línea de crédito fue destinada a la emergencia sanitaria en todos sus aspectos, no solo en el fortalecimiento del sistema de salud, sino también en el sector social y de entidades crediticias.
El ministro señaló que ante la urgencia de contar con liquidez se solicitó un adelanto al Banco Central del Paraguay (BCP) de USD 500 millones. “Había una competencia mundial por la liquidez, en esa idea lanzamos una emisión de bonos, pudimos asegurar USD 1.000 millones para la crisis sanitaria y tenemos también un crédito puente de USD 600 millones”, detalló.
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Afirmó que para el fortalecimiento de Salud se destinaron USD 524 millones, de los cuales se le han transferido G. 600.000 millones, de un presupuesto G. 630.000 millones. “Hay ahí una diferencia de G. 30.000 millones que todavía no hemos transferido porque todavía no se ha ejecutado y tiene un saldo para seguir ejecutando hasta el monto de USD 524 millones”, comentó.
También habló sobre unos USD 77 millones para la amortización de la deuda y USD 100 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS). En lo que respecta al programa Pytyvõ, revelaron que ya se comprometió un total de USD 300 millones, de los cuales se ejecutaron USD 186,2 millones para los dos pagos.
Asimismo, se desembolsaron para los programas de asistencia a Adultos Mayores y Tekoporã unos USD 63 millones, además de USD 40 millones que fueron destinados para el pago de jubilaciones; unos USD 26 millones para el programa de asistencia alimentaria Ñangareko y otros USD 262 para la capitalización de las Pymes y Mipymes a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y la Essap.
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“La ley contemplaba una serie de ventajas para el sector privado como la postergación del pago de impuesto, la postergación del costo de consumo de los servicios básicos y el cierre de la economía como medida sanitaria, que implicaba una caída importante en las recaudaciones, razón por la cual la ley también previó un monto importante para el funcionamiento de las instituciones del Estado”, refirió el titular del Fisco.
Resaltó que en el crédito estaba previsto el pago de todo lo que hace al funcionamiento el Estado, como el pago de otras deudas que se tienen con otras empresas, y como el pago del servicio de la deuda, para no perder el perfil de buen deudor.
“Paraguay está a poco de ser considerado en grado de inversión y todos los detalles cuentan a la hora de la evaluación de las agencias calificadoras y las agencias internacionales”, subrayó.
López indicó la necesidad de que el Congreso Nacional impulse una reforma del Estado que contemple aspectos de una carrera civil, mejora del gasto público, una reconversión del sistema jubilatorio, entre otros que puedan impulsar la economía en los próximos años.
Gastos de Salud
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, también participó del informe y habló sobre la utilización de los recursos para gastos con relación al Covid-19. Mencionó que en concepto de pago de anticipo de la compra vía la excepción se destinaron G. 17.000 millones.
“También hemos hecho, debido a la distorsión del mercado, mucho uso de cooperantes, de agencias que tienen contratos abiertos y que tiene proveedores certificados como es el caso del pago a Unicef, que es de G. 1.929 millones”, citó.
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Mazzoleni refirió que se invirtió también en un plan de contingencia, en el fortalecimiento del recurso humano de todo el sistema de salud pública a lo largo del país, lo que significó unos G. 7.570 millones, y por último precisó sobre procesos de compra que están en distintas etapas por un valor de G. 27.300 millones.
De la rendición de cuentas también participaron el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa; el presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), José Maciel; del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos Florentín; del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), César Cerini; y el gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social, Pedro Halley.
Así también, estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Hacienda, como los viceministros de Administración Financiera, Óscar Llamosas, y de Economía, Humberto Colmán, y la directora de Estudios Económicos, Carmen Marín.
