Las próximas elecciones internas del 18 de diciembre representan un desafío, no solamente para los candidatos que aspiran a cupos de poder en el Estado, sino sobre todo para las instituciones de control. Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Seprelad, como el Tribunal Superior de Justicia Electoral, TSJE, deben arbitrar sus mejores esfuerzos para evitar que en la política paraguaya siga fluyendo el dinero sucio.
El titular de la Seprelad, el ministro René Fernández había anunciado un convenio suscrito con el TSJE para detectar el flujo de dinero de presumible origen ilícito en el marco de las campañas electorales. Se cuenta incluso con un reglamento para la prevención de lavado de dinero, por parte de partidos políticos, alianzas concertaciones para el seguimiento del movimiento de dinero en el proceso electoral. El reglamento, aprobado por Seprelad obliga a conocer al benefactor, aportante o donante sobre el monto, origen o respaldo documental del dinero entregado para las campañas electorales.
En las internas del 18 de diciembre la ANR contará con 73 mil precandidaturas para cargos electivos nacionales y departamentales. Los colorados tienen cuatro aspirantes para la presidencia de la República. En cuanto a la oposición, en carpas de la Concertación Nacional para un nuevo Paraguay, se cuentan 23 partidos y 2 movimientos políticos de oposición; cada sector moviliza a una gran cantidad de candidatos para cargos legislativos, diputados, senadores y la gobernación.
Tras el crimen de Marcelo Pecci, especializado contra el crimen organizado y el narcotráfico, en medio de un debate en la Cámara de Diputados una parlamentaria había señalado que el 80% de las instituciones están copadas por el crimen organizado. Si bien es cierto que es poco probable que institución alguna pueda tener un dato verdaderamente confiable al respecto, sin dudas, la mera alusión de la irrupción de las estructuras criminales en los organismos del Estado paraguayo resulta sumamente preocupante. Y puede que no haya certeza al respecto, pero no caben dudas de la irrupción del dinero del narcotráfico en la política paraguaya. Lo peor, sin embargo es que puede que esta situación incluso esté siendo normalizada.
El uso del dinero sucio, desde del crimen organizado o el narcotráfico es una clara señal de la degradación de la práctica de la política. La mafia dispone de cantidades obscenas de dinero ilícito, y esos recursos compran candidaturas, curules en el Parlamento Nacional, financian candidaturas y logran una ilimitada influencia en las decisiones políticas.
Ciertamente, contamos con una la Ley de Financiamiento Político, actualmente vigente. No obstante, sin una adecuada gestión de parte de los organismos que deben ejercer el monitoreo y el control, esa ley será letra muerta. Es muy necesario controlar el dinero que usan los políticos en las campañas internas, pero para que eso sea posible se debe realizar una reformar de la ley que regula el financiamiento. Es muy necesario establecer la trazabilidad del dinero.
Mientras tanto, las autoridades podrían implementar algunas medidas que lamentablemente exigen compromiso e interés verdadero. Una de ellas tiene que ver con la accesibilidad del voto, como determinar la gratuidad del transporte gratuito en día de elecciones, por ejemplo, sería una manera de asegurar el voto, y de esta manera los electores ya no serían “arreados” como hemos visto hasta ahora, por punteros y seccionaleros.
De las acciones que se emprendan en el presente dependerá el futuro de nuestra República, pues el uso del dinero ilegal en la política pone en riesgo a la democracia.