Esas organizaciones, implantadas en Francia, Grecia, Noruega, República Checa y Eslovenia, acusan al gigante estadounidense de incitar a los usuarios a “autorizar un trato extensivo e invasivo” de sus datos personales al crear su cuenta, algo que violaría el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) del bloque comunitario.
VIGILAR Y EXPLOTAR. Al crear una cuenta en Google, “una sola etapa basta para autorizar a Google a vigilar y explotar todo lo que uno hace. Si uno quiere beneficiarse de los parámetros que dan prioridad a la protección de la vida privada, se ve confrontado a un largo proceso y a opciones poco claras y confusas”, denunció la directora general adjunta de la BEUC, Ursula Pachl.
“La protección de la vida privada debería ser la opción por defecto, y la más fácil, para los consumidores”, agregó la responsable.
La federación subraya que los consumidores a veces se ven obligados a crear una cuenta Google, por ejemplo cuando compran un celular inteligente que funciona con el sistema operativo Android (algo que ocurre con 7 de cada 10 teléfonos en el mundo) si quieren descargar aplicaciones desde la Google Play Store.
En cambio, Google asegura que las opciones propuestas a los usuarios cuando se crean una cuenta “están presentadas de forma clara” y que son “fáciles de comprender”.
En concreto, las asociaciones de consumidores denuncian que durante el proceso de apertura de una cuenta de Google, la compañía no da a los usuarios una opción que garantice “por defecto” la privacidad ni el procesamiento de los datos personales de una forma “justa, legal y transparente”.
Al contrario, ofrece una opción “exprés” en la que con un único paso se da permiso a la empresa a “controlar y explotar” la actividad de los consumidores en las distintas webs y aplicaciones del gigante tecnológico -como Google Chrome, Gmail, Google Maps o Youtube- o de cualquier empresa en internet que use los servicios de Google.
Uno de esos permisos es el de poder mostrar a los usuarios anuncios personalizados, que es el principal negocio de la empresa.
“Las hemos desarrollado basándonos en los resultados de investigaciones profundas, y según las líneas directrices de las autoridades de protección de datos y las respuestas de los test de los usuarios”, indicó un portavoz de la empresa en un comunicado.
Las asociaciones de protección al consumidor de Países Bajos, Dinamarca y Suecia no se han sumado a la demanda, pero han enviado una carta a las autoridades nacionales de sus países informándoles de las prácticas de Google.
BEUC ya coordinó en 2018 otra demanda contra Google por sus prácticas de rastreo a través de la geolocalización de los dispositivos móviles, que la autoridad irlandesa de protección de datos -donde el gigante tecnológico tiene su sede en Europa- no ha resuelto hasta el momento.
7
de cada 10 teléfonos celulares a nivel mundial funcionan con Android, el sistema operativo de Google.