El defensor público Eduardo Velázquez, en representación de Víctor Coronel Giménez, había planteado la excepción de falta de acción del Ministerio Público. Es decir, que la fiscalía no podía intervenir porque la denuncia no fue hecha por la víctima (la empresa Biggie), sino por su cajero.
La jueza Clara Ruiz Díaz rechazó el pedido el 4 de agosto pasado, por lo que el defensor apeló la resolución, teniendo en cuenta que se trata de un delito bagatelario, al no sobrepasar los 10 jornales.
Hubo voto dividido en el Tribunal de Apelación. Los camaristas Gustavo Ocampos y Gustavo Santander votaron por confirmar la resolución, mientras que la camarista Andrea Vera, por admitir el recurso de la defensa.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa jueza había señalado que la denuncia la hizo Alberto Misael Maidana, el cajero de la empresa, y que con ello, la defensa pretendía invalidar la acción de la fiscala Laura Giacummo.
Esto, porque lo supuestamente hurtado eran dos champús y un desodorante, que alcanzaban los 120 mil guaraníes. Dice que la fiscalía podía seguir el caso, si había un especial interés en perseguir los delitos, y que además el abogado de la firma se presentó a pedir que siga la investigación.
El voto en mayoría indica que la persecución penal era a todas luces necesaria teniendo en cuenta los hechos de la misma naturaleza.
La camarista Vera votó en disidencia. Cree que el fallo debía ser revocado porque debía ser la propia víctima la que debía instar el procedimiento, o sea, la ofendida directamente, y no un empleado.