La fiscala Raquel Brítez planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra la resolución que extinguió el caso de dos ex torturadores stronistas.
El pedido fue presentado ante la Sala Constitucional, donde se pide que se anule el fallo por ser contrario a la Carta Magna.
En el caso, el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, el 20 de mayo pasado, revocó la resolución de la jueza Sandra Farías, y extinguió la causa de dos ex torturadores.
Los favorecidos fueron Camilo Almada Morel, alias Sapriza y Eusebio Torres Romero, ambos ex policías durante el gobierno del fallecido Alfredo Stroessner.
La resolución fue dictada en forma unánime por los camaristas Emiliano Rolón, Pedro Mayor Martínez y Bibiana Benítez Faría.
La causa fue una querella promovida por Santiago Rolón Centurión por torturas y otros delitos, el 18 de agosto de 1995. El fallo se dictó 24 años después.
Durante toda la tramitación de la causa, la única diligencia que se hizo fue el pedido de informes al Archivo del Terror.
LA ACCIÓN. En su argumentación, dice la fiscala Brítez que la resolución viola el Artículo 256 de la Carta Magna, que obliga a los magistrados a fundamentar su resolución en la Constitución y en las leyes.
Indica que “el Tribunal de Apelaciones, en la resolución atacada por esta vía, incurrió en un error de interpretación de las normas legales que rigen lo relacionado a los hechos punibles de lesa humanidad”.
Sostiene que hubo una mala interpretación entre la prescripción y la extinción, con lo que la resolución dictada era nula e inconstitucional.
Alega que si la justificación era limitar el tiempo para ejercer la acción penal por ser irracional, los procesados “nunca se sintieron ni amenazados, ni perseguidos ni mucho menos amedrentados”. Cita el tiempo transcurrido para la resolución, desde el 2009, donde se inhibieron los camaristas José Waldir Servín, Agustín Lovera, Arnulfo Arias, Luis María Benítez Riera, Gustavo Ocampos, Anselmo Aveiro, José Agustín Fernández, Delio Vera, Carlos Ortiz, Cristóbal Sánchez y Gustavo Santander.
Tras mencionar varias partes del fallo, finalmente solicita que sea declarado inconstitucional y nulo.
En la causa, también fueron procesados Alfredo Stroessner, Sabino Augusto Montanaro, Benito Guanes Serrano, Pastor Coronel, Juan Martínez, Lucilo Benítez y un tal Esteche, por delitos de lesa humanidad.