La afirmación del vicemandatario se dio luego de la reunión que mantuvo con su par de Colombia, Marta Lucía Ramírez.
El Congreso hasta el momento no remitió al Poder Ejecutivo el polémico proyecto de ley sancionado y que elimina la obligación de la Contraloría General de la República de reportar a la Fiscalía como supuesto hecho punible el ocultamiento de bienes de los funcionarios públicos.
Velázquez dijo que el proyecto sancionado tiene dos puntos. “Si va a generar un problema de que los funcionarios públicos van a evitar que sean procesados en una investigación por enriquecimiento, se tendría que vetar”, afirmó el vicepresidente.
Luego dijo que se está buscando evitar ciertos tipos de hechos donde no se configuran delitos. “Por ejemplo, algún funcionario público, sea quien fuere, se olvida de que hace 10 años atrás tenía un vehículo Escarabajo y no lo haya declarado, eso tiene el mismo valor que cuando otro funcionario público, trata de evitar y esconder tres estancias”, indicó.
Agregó que el Congreso no hubiera necesitado establecer esta nueva modificación si el Ministerio Público hubiera hecho su trabajo en forma institucional. Refirió que se debía hacer la diferencia entre una declaración falsa que trata de evitar un proceso de enriquecimiento ilícito y otra que fue sencillamente por un olvido.
El proyecto de ley sancionado fue impulsado por el sector del cartismo y apoyado por otros legisladores, principalmente llanistas, que pretenden establecer barreras a la hora de lograr la trazabilidad del enriquecimiento que tienen los funcionarios públicos.