Jorge Daniel Codas Thompson
Analista de política internacional
Cuando en la madrugada del 29 de julio pasado el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por Nicolás Maduro, anunció con varias horas de retraso que el gobernante había obtenido un tercer mandato, una coreografía de discursos de victoria y fuegos artificiales ya había comenzado a inundar el país. Los aparentes seguidores de Maduro, sin mucho entusiasmo ante las cámaras, participaron de la celebración.
Los canales de televisión venezolanos, totalmente controlados por el oficialismo, coparon las pantallas con las imágenes del supuesto triunfo. Si bien el régimen de Maduro ha sufrido significativas pérdidas de seguidores, aún conserva la capacidad de movilizar a una parte de los antiguos seguidores de Hugo Chávez, así como a los funcionarios públicos. Sin embargo, la limitada movilización oficialista estuvo en notable contraste con las masivas escenas de protesta de la oposición difundidas por los medios internacionales presentes en Venezuela.
Dado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó los resultados sin que se haya dado espacio a los testigos (así llaman a los fiscales electorales en Venezuela) para participar del conteo de votos y verificación de las actas, y proclamó la “contundente e irremontable” victoria de Maduro sobre el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, con supuestamente el 80% de las actas contabilizadas, la oposición comenzó a movilizarse en dos sentidos.
Por un lado, los votantes a favor de la oposición comenzaron a movilizarse masivamente a lo largo y ancho del país, provocando una brutal represión del régimen, con unos catorce fallecidos y cerca de mil detenidos. Por otro lado, el liderazgo de la oposición, personificado por la candidata proscrita de la oposición María Corina Machado, se dedicó a explicar a la opinión pública que los líderes opositores sólo habían recibido el 30% de las actas, donde constaba el triunfo de Edmundo González por 30 puntos porcentuales.
A la movilización popular en la calles, se le sumó una significativa y creciente presión internacional requiriendo el conteo público de las actas ante observadores internacionales. Dicha presión provino particularmente de un grupo de países latinoamericanos, entre los que se cuentan Argentina, Paraguay, Perú, Uruguay y Chile, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, a lo que Maduro respondió ordenando la expulsión de las misiones diplomáticas de dichos estados (excepto Paraguay, que no tiene personal diplomático acreditado en Venezuela actualmente). Otros países de la región, notablemente Brasil, México y Colombia, fueron más ambiguos y menos firmes en su solicitud de conteo de las actas electorales.
Con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunciando al régimen de Maduro por fraude electoral, los países miembros de la organización votaron respecto a una resolución que recogía las exigencias de los países de línea más dura. Sin embargo, la resolución recabó un voto afirmativo menos de los necesarios para su aprobación. Brasil, México, Bolivia y Colombia se abstuvieron, provocando el fracaso de la resolución, que requería una mayoría especial de dieciocho votos.
La actual crisis política, económica y social de Venezuela se remonta a varios años. A partir de 2017, Venezuela había caído en un proceso de creciente autoritarismo y represión, combinados con una crisis económica sin precedentes. Esta se exacerbó por las sanciones económicas y financieras de Estados Unidos por violación de derechos humanos, y resultó en la caída del producto interno bruto en un 80% y una hiperinflación con devaluación masiva de la moneda que dejó al país, en el pasado con salarios altos a nivel regional, con sueldos y pensiones que cayeron hasta los tres a cinco dólares americanos mensuales. La empresa petrolera estatal, PDVSA, vió su producción desplomarse desde los tres millones de barriles diarios al asumir Chávez en 1999 a seiscientos mil barriles diarios en 2023, de los cuales la mayor parte va a China para el repago de un crédito por medio de entrega de petróleo. Esta debacle provocó un masivo éxodo, que según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) alcanzó una cifra de casi ocho millones de personas, a las que se les negó en derecho al voto, exigiéndoles requisitos imposibles de cumplir para poder votar desde el extranjero.
Si bien la opinión pública observa atónita los hechos que se suceden en Venezuela, lo que se observa hoy es la crónica de un fraude anunciado. Luego de la deriva autoritaria del gobierno de Maduro a partir de 2017, con niveles de represión sin precedentes y la virtual destrucción del sistema económico y el tejido social de Venezuela, gobierno y oposición negociaron en 2023 los que se darían en llamar Acuerdos de Barbados, en los que se garantizaban el derecho de cada parte a escoger a sus propios candidatos para las elecciones, acordándose la realización de estas en el segundo semestre de 2024. Como resultado de estos acuerdos, Estados Unidos levantó gran parte de las sanciones económicas y financieras que había impuesto al régimen venezolano, dando así un necesario respiro a la economía del país caribeño.
Los acuerdos generaron una gran motivación y expectativa entre los miembros de la oposición, quienes procedieron a realizar las primarias presidenciales en octubre de 2023, con dos millones y medio de votantes, resultando elegida María Corina Machado con el 92% de los votos. El Gobierno, ante semejante despliegue de popularidad, consiguió que la Contraloría General de la República inhabilitara a Machado para postularse a cargos públicos por quince años, alegando un supuesto fraude electoral. El bando opositor nombra entonces como reemplazante a Corina Yoris, quien es también inhabilitada. Finalmente, la oposición nombra al ex diplomático Edmundo González, un hombre de bajo perfil, y el gobierno de Maduro inicialmente no pone trabas, posiblemente considerando que el mismo no tenía posibilidades de triunfar. En los meses previos a las elecciones, con las encuestas dando como ganador a Edmundo González, el régimen comienza a utilizar medidas represivas nuevamente, sobre todo recurriendo al arresto de colaboradores cercanos de la oposición. Asimismo, se prohíbe el ingreso al país de observadores internacionales invitados por la oposición.
Sin embargo, en vísperas del sufragio, y a pesar de los esfuerzos del régimen, las encuestas daban el triunfo a González con diferencias de hasta treinta puntos porcentuales, contribuyendo a mantener el optimismo en el bando opositor. María Corina Machado había manifestado que los testigos de mesa habían sido cuidadosamente entrenados para no perder de vista las boletas y las actas, explicándoles que la legislación electoral les confería el derecho a quedarse con una copia de estas últimas. Por su lado, a horas de las elecciones, Maduro amenazaba con un “baño de sangre”, en caso de que la oposición saliera triunfante.
En síntesis, Maduro, con su controversial triunfo electoral, se ha encontrado con una firme posición prodemocrática de una parte importante de los países latinoamericanos, incluso de un gobernante de izquierda como el presidente chileno Gabriel Boric, pero sus aliados, principalmente Brasil, México y Colombia le han salvado de una dura resolución en la OEA. Asimismo, Maduro aún cuenta con poderosos aliados entre varios regímenes autoritarios, sobre todo China, Rusia e Irán. Los gobiernos de dichos países han reconocido inmediatamente el supuesto triunfo de Maduro, y han conminado a la oposición a que acepte los resultados oficiales. Con su apoyo al régimen venezolano, estos países podrían contribuir a sostenerlo en el tiempo, ayudándolo a comercializar su petróleo en caso de un embargo estadounidense, y podrían contribuir a la recuperación de la otrora poderosa industria petrolera venezolana por medio de inversiones, así como mediante la compra y comercialización del petróleo venezolano.
Potencialmente más grave, como parte de una alianza que permita el mantenimiento de Maduro en el poder, los países mencionados podrían llegar a acuerdos con Maduro que impliquen presencia militar en Venezuela, causando potencialmente una desestabilización en la región, principalmente por la eventual reacción de los Estados Unidos a dichas acciones. Sin embargo, el gobierno estadounidense acaba de reconocer a Edmundo González como presidente electo, dando claras señales de apoyo a la oposición, lo que daría a pensar de que Estados Unidos ya se está preparando para impedir la mayor presencia de los aliados autoritarios de Maduro en Venezuela.
Queda aún por ver el desenlace de la compleja trama de eventos en Venezuela. Por un lado, Maduro se arriesga a sufrir de nuevo las sanciones de Estados Unidos, con su consiguiente efecto en lo económico y social. Por el otro, dos de los países con actitud más ambigua hacia las elecciones venezolanas, Brasil y Colombia, albergan entre ambos más de tres millones de inmigrantes venezolanos, haciendo necesaria una estabilización de la economía venezolana. Esta realidad podría modificar la actitud de los gobiernos de estas dos naciones, presionando al régimen a permitir un conteo electoral transparente.
Mientras tanto, Maduro ha prometido que presentaría las actas electorales para que se pueda corroborar su triunfo, pero esto denota el fraude electoral, ya que es el Consejo Nacional Electoral, supuestamente independiente, quien debería realizar el recuento, y no el que teóricamente ganó las elecciones.
Por de pronto, María Corina Machado y Edmundo González, ante las amenazas de Maduro a los opositores han pasado a la clandestinidad, sabiendo que, como en ocasiones anteriores, el régimen buscará apresarlos e imponerles duras penas de cárcel, como lo hicieron, entre otros, con Leopoldo López. Resta por ver cuál será la reacción de la comunidad internacional ante tamaña arbitrariedad y cuál será la deriva que adoptará un régimen crecientemente autoritario, pero cada vez más deslegitimado internamente.
