A lo largo de la historia, las sociedades han enfrentado crisis que pueden generar cambios profundos o, al menos, iniciar procesos de transformación de las estructuras que atentan contra el propio bienestar colectivo. Estos momentos críticos abren lo que se conoce como una “ventana de oportunidad”, un periodo donde las condiciones son más favorables para implementar cambios significativos que, en circunstancias normales, enfrentarían una fuerte resistencia.
No todas las ventanas de oportunidad son iguales. Algunas son breves y exigen decisiones inmediatas para generar un impacto real, mientras que otras se extienden en el tiempo hasta que el sistema vuelve a estabilizarse. Sin embargo, para que una crisis se traduzca en una verdadera transformación, y por ello se aproveche realmente la ventana de oportunidad, se necesitan ciertos elementos clave. Entre ellos, la presencia de liderazgos capaces de canalizar el malestar social en acciones concretas. De lo contrario, la crisis puede limitarse a un ciclo de indignación y lamentos sin cambios estructurales.
En nuestro país, enfrentamos una crisis sin precedentes en el sistema judicial, cuya degradación afecta profundamente la estabilidad y el desarrollo. Aunque la desconfianza en la Justicia no es nueva, las recientes revelaciones sobre los chats del fallecido diputado Lalo Gómez han sacudido a la sociedad y expuesto la magnitud de la corrupción dentro del sistema. Este escándalo ha desencadenado un verdadero terremoto con múltiples repercusiones, y todo indica que la crisis está lejos de resolverse.
Nos encontramos en un punto crítico en el que debemos decidir cómo responder como sociedad. Esta crisis ha abierto una ventana de oportunidad que, si bien puede prolongarse, no será indefinida. Muchas asociaciones, gremios y organizaciones han expresado su preocupación, pero el siguiente paso debe ser la formulación de propuestas concretas que logren transformar un sistema judicial atrapado en prácticas corruptas. La situación es aún más alarmante, dado que la evidencia señala la creciente influencia del crimen organizado, particularmente del narcotráfico, dentro del sistema judicial.
La experiencia de países como Colombia y algunas naciones centroamericanas nos advierte sobre los peligros de no actuar con contundencia ante la infiltración del crimen organizado en las instituciones. Si no se implementan reformas de índole más estructural a tiempo, el problema se agravará hasta volverse inmanejable, con consecuencias devastadoras para la sociedad en su conjunto.
Por ello, es urgente tomar acciones decididas. Se necesitan medidas concretas que impidan que el sistema vuelva a estabilizarse bajo las mismas estructuras corruptas. Además, es fundamental que los distintos liderazgos mantengan su postura firme y trabajen en la construcción de alianzas estratégicas que permitan impulsar las reformas necesarias. Sin una coalición fuerte y decidida, cualquier intento de transformación corre el riesgo de diluirse en la inercia del statu quo.
Otro elemento esencial en este proceso es la construcción de una nueva narrativa. La ciudadanía debe comprender por qué es imprescindible reformar la Justicia y cómo estos cambios impactarán positivamente en su vida cotidiana. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado no es solo una cuestión de principios, sino una necesidad urgente para garantizar el desarrollo del país y la seguridad de todos los ciudadanos.
La historia demuestra que las crisis pueden ser catalizadores de transformación. Dependerá de nosotros aprovechar esta ventana de oportunidad para construir un sistema judicial transparente, equitativo y eficaz o, por el contrario, permitir que la indignación se disipe sin lograr cambios reales. La decisión es nuestra y son estos los momentos en los cuales necesitamos que los diferentes liderazgos emerjan y presionen al sistema que siempre querrá resistirse lo más posible.
