La coordinadora de la Contraloría Ciudadana, Gricelda Fernández, abrió el evento destacando la lucha contra la corrupción. “Este es un encuentro en el que estamos realizando una exposición de las denuncias ya hechas ante el Ministerio Público, y dentro de ellas, las conexiones de la cadena de corrupción que existe dentro del Municipio de Ciudad del Este”, afirmó.
Fernández detalló una serie de irregularidades atribuidas a la Administración municipal, entre las que cuestionó la falta de operatividad de la Secretaría de la Vivienda y la Secretaría de Bienestar Animal, anunciada por la Administración, pero que no estarían cumpliendo con sus funciones. Se mencionaron casos de mal manejo de viáticos y la falta de control sobre los ingresos municipales, como los generados por la terminal de ómnibus, que debían ser redirigidos al Consejo Local de Salud.
La coordinadora aludió al fallido proyecto de “un kilómetro de asfalto por día”, así como a la inoperancia en los trabajos de bacheo en la ciudad. Fernández hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume a la lucha contra la corrupción, subrayando que la Contraloría no actúa con fines políticos, sino con el objetivo de “concienciar, sensibilizar y visibilizar que no estamos del lado de la corrupción”.
Por su parte, Magdalena Montiel, contadora e integrante de la Contraloría Ciudadana, señaló que “el caso más llamativo es el de la empresa Tía Chela, una pequeña despensa que, de manera sospechosa, proveyó insumos para kits de alimentos durante la pandemia”.
Según la investigación, esta despensa no contaba con la capacidad de proveer tales suministros, por lo que se habría recurrido a facturas de otra empresa, la cual tampoco tenía antecedentes de comercialización de alimentos. “Ocho días antes de la licitación, ya estaban entregando los kits de alimentos en el Polideportivo Municipal de Ciudad del Este”, puntualizó.
Otro de los casos relevantes es el de MD Construcciones, cuyo domicilio registrado coincide con una tienda de alfombras en el microcentro de la ciudad. Esta empresa habría participado en contrataciones municipales, pese a que su actividad principal no está relacionada con la construcción.
El abogado Víctor Enríquez, quien también forma parte de la Contraloría, lamentó que los mismos actores que operaron bajo la Administración de la ex intendenta Sandra McLeod de Zacarías sigan vinculados a la actual gestión.
Enríquez señaló la existencia de un funcionario vinculado a la creación de la llamada “Caja 9”, una estructura clandestina que se utilizaba para manejar dinero fuera de los controles oficiales. “Este funcionario aparece en fotos con el intendente Miguel Prieto, y su continuidad en la Municipalidad es una muestra de que no se han roto los esquemas de corrupción”, subrayó.
INOCENTE. En todos los casos, el intendente Miguel Prieto admitió que pudo haber errores administrativos, pero no robo. Aseguró que en el caso de la compra de kits de alimentos, todas fueron entregadas y están debidamente documentadas. Sostiene que demostrará su inocencia.
En todos los casos, aseguró, que se trata de una abierta persecución política de los colorados y de sectores que siempre se han beneficiado de la institución municipal y que él las cortó. Prieto tiene 41 denuncias y dos acusaciones. Una conocida como caso Tía Chela, relacionada con compra de kits de alimentos durante la pandemia por G. 2.949 millones, y el caso Tajy, con compra de insumos para panadería por más de G. 306 millones.
