Ojalá, en un futuro no muy lejano, empecemos un verano en Paraguay sin caer en reclamos, sugerencias y críticas tan reiterativas hacia nuestro servicio de energía eléctrica. Decir que la ANDE es deficiente y no ha invertido lo necesario en el sistema de distribución (por lo menos en los últimos 30 años) no es algo nuevo. Sin embargo, las quejas de los usuarios válidamente reaparecen cuando 4.000 familias quedan sin electricidad durante varias horas, en plena noche, y con temperaturas de 35°C.
No resulta nada justo que se le pida al usuario racionar el uso de sus artefactos de refrigeración en las horas de intenso calor, siempre y cuando tenga la capacidad de pago y cumpla con sus obligaciones. Si bien en estos primeros días de 2019 se han vivido jornadas más calurosas que en el 2018, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) ya no puede estar sometido al clima. Incluso cuando no hace mucho calor, y caen lluvias, suelen darse cortes por la fragilidad de los tendidos. No obstante, se reconoce la gran labor de los técnicos que arriesgan sus vidas bajo las tormentas para reponer el servicio.
La empresa pública históricamente ha tropezado con factores endógenos (gestión) y exógenos (Gobierno) que la han llevado al sitial actual. En las últimas dos administraciones, solo llegó a obtener financiamiento anual por cerca de USD 1.000 millones y en distribución apenas ha invertido un promedio de USD 50 millones por año, cuando necesita destinar al menos USD 200 millones. El plan de inversiones 2016-2025 requiere fondos por USD 7.000 millones en total.
Significa que siempre queda bastante rezagada en la carrera por las obras, teniendo en cuenta el creciente consumo (10% anual) y el tiempo que lleva adecuar el sistema.
La descoordinación entre la compañía y el Poder Ejecutivo ha existido desde hace tiempo y en el presente ejercicio no es la excepción. El Ministerio de Hacienda nuevamente ha incluido el aporte intergubernamental de la ANDE al presupuesto 2019. Se traduce en una erogación de USD 20 millones (G. 120.000 millones) a favor del Fisco. Este concepto ya había sido eliminado en el 2016.
Paradójicamente, la firma eléctrica tiene que recurrir a préstamos internacionales si quiere conseguir fondos, los cuales llevan su tiempo de tratamiento en el Congreso antes de ser aprobados. Posteriormente, se debe encarar una licitación y así se puede llegar a perder hasta un año en todo el proceso. En otras palabras, el propio Gobierno le termina poniendo el palo a una rueda que de por sí ya es cuadrada, producto de su ineficiencia.
DESAJUSTES. Por urgencia de la población, la ANDE necesita un mecanismo diferente para la compra de equipos; mucho más ágil y que obviamente cuente con las normas de control para garantizar transparencia. Pero sobre todo, precisa que no le quiten sus recursos.
A finales del año pasado, el Gobierno celebraba que Itaipú haya decidido otorgar USD 30 millones para comprar 2.000 transformadores a favor de la ANDE. Más que esta caridad ocasional de la binacional, lo que se requiere es un trabajo coordinado entre las hidroeléctricas y la empresa estatal, que es propietaria de ambas.
La ANDE solo recibe transferencias en concepto de resarcimiento por cargas de administración y supervisión, y utilidad del capital; pero no percibe un centavo de los pagos por cesión de energía que hacen Brasil (Itaipú) y Argentina (Yacyretá). Por el otro lado, las binacionales han dado un peligroso impulso a las cuestionadas inversiones sociales, las cuales representan un gasto mayor en sus presupuestos y que a la postre repercuten en una tarifa de venta de energía más elevada que paga la ANDE, ergo los consumidores paraguayos.