Hace diez meses, el Tribunal de Apelación, integrado por Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Bibiana Benítez, había confirmado la sentencia de ocho años de cárcel contra Óscar Rubén González Chaves, así como el comiso de más de G. 29.000 millones y la prohibición de ejercer cargos públicos por un periodo de siete años.
González Chaves, hijo del ex senador colorado Óscar González Daher, fue condenado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.
La causa quedó pendiente de que la Corte Suprema de Justicia resuelva si la pena queda firme a fin de que sea ejecutoriada. Y, mientras González Chaves gozaba del beneficio de la libertad ambulatoria por haber cumplido el mínimo en prisión preventiva, contemplado en el artículo 19 de la Constitución, pudo participar de las elecciones municipales 2021 como candidato porque su condena no está firme ni ejecutoriada.
El resultado: González Chaves fue el tercer concejal más votado en Luque, con 5.222 votos preferenciales, la ANR ganó la intendencia de Luque con el candidato de su padre Oscar González Daher y tuvo la lista más votada para la Junta Municipal.
El condenado por la Justicia Óscar Rubén González Chaves, concejal municipal electo de Luque por la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), ocupa un lugar en la Junta Municipal de Luque en vez de una celda. Ese privilegio se lo debe a la Corte Suprema de Justicia, que en diez meses nada ha hecho por el caso.
Es bien sabido que en nuestro país son muchas las causas de políticos procesados por hechos de corrupción que no son investigados, pese a las denuncias por la mala utilización del dinero público. Además, los casos en que la Fiscalía sí toma cartas en el asunto de todas maneras quedan parados, ayudados por las dilaciones, más conocidas como chicanas.
Es conocida la frase del obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero: “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos”. Solamente un grupo de privilegiados obtiene los beneficios y puede gozar de los favores de un sistema de justicia que colabora con la impunidad permitiendo que con chicanas los condenados por corrupción se salven de sus penas. Este sistema, sin embargo, castiga a los que no solamente carecen de recursos para pagar costosos abogados, sino que además carecen de las conexiones que les permitan gozar de la impunidad. Estos son, por lo general, los ladrones de mandarinas o gallinas, y los cientos que aguardan sus condenas sobrepoblando nuestras cárceles.
Un informe del Ministerio de Justicia publicado a principios de este año señalaba que Paraguay es el país con más presos sin una sentencia, en todo el continente. “La población de prevenidos representa más del 70% de toda la población penitenciaria. Esto coloca a Paraguay en el primer lugar de los países de América del Sur con mayor número de prevenidos en su población penitenciaria”.
Óscar Rubén González Chaves tuvo un juicio justo, tuvo los recursos para disponer de una buena defensa y una vez condenado a ocho años, por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, pudo ser electo concejal y asumir el cargo por el cual recibe incluso un pago mensual. A él le ayudan las chicanas, mientras que miles de presos sin condena son ignorados por esa misma Justicia que fomenta la impunidad.
Necesitamos un país con estado de derecho y donde la Justicia sea verdaderamente un pilar de la democracia, pero para eso debemos acabar con las roscas corruptas enquistadas en los espacios de poder.
