El mandatario ya había adelantado su posición con relación a la ley de declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios a los medios días atrás tras la polémica surgida sobre este caso, y dijo que el documento pierde la esencia si no va a contemplar una pena.
De hecho, en los argumentos esgrimidos en el Decreto 3708 del Ejecutivo se señala que con la ley aprobada por los legisladores “se podría producir un indeseable debilitamiento de las consecuencias jurídicas de la obligación constitucional que tienen los funcionarios públicos” al convertir las declaraciones juradas en una cuestión netamente de carácter administrativo “y enervaría el poder de actuación del Ministerio Público y de los órganos jurisdiccionales”.
Otro de los argumentos es que, según el Ejecutivo, esta ley pone en entredicho la prevalencia del interés general sobre el particular, “ya que confiere a los sujetos obligados por el artículo 104 de la Carta Magna un régimen que no se condice con su situación de servidores públicos y además atenta contra el interés general de robustecer la publicidad, la transparencia, que constituye bienes públicos de interés general”.
El documento señala además que en una democracia constitucional recae sobre los gobernantes la obligación de promover valores como la publicidad, la transparencia, la responsabilidad y el combate a la corrupción.
“Cualquier legislación contraria a estos fines y que pretenda morigerar las consecuencias jurídicas de las obligaciones previstas para los servidores públicos y dificultar la actuación de la Justicia, resulta incompatible con la Constitución”, menciona.
Recalca además que la Contraloría General de la República con base a su potestad reglamentaria es responsable de optimizar el procedimiento mencionado a través de una reglamentación que garantice el derecho a la defensa del declarante y la transparencia y a su vez establezca parámetros objetivos para la determinación de la existencia o no de un error imputable al declarante.
“Con base a los fundamentos que anteceden y en atención a salvaguardar el artículo 137 de la CN que otorga primacía a la ley fundamental sobre todas las demás normas de inferior jerarquía, no cabe otra alternativa al Poder Ejecutivo que la de objetar totalmente el proyecto de ley”, menciona en otra parte del decreto.
Polémica. La propuesta de ley también contemplaba que las declaraciones juradas solamente se podrán publicar con una orden judicial.
Por otro lado, establece que las empresas o personas jurídicas proveedoras del Estado también deberán rendir cuentas de su patrimonio ante la Contraloría General de la República.
Los opositores consideraron el proyecto como una violación al artículo 104 de la Constitución, sobre las declaraciones juradas.
Gran parte de la ciudadanía demostró su indignación por esa jugada de los diputados la semana pasada, ya que con esta nueva norma los datos falsos que sean hallados en las declaraciones sobre los bienes de todos los funcionarios, incluyendo altas autoridades, serán considerados errores administrativos y, por tanto, quedan despenalizados.
Mediante una jugada para adelantarse a la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Diputados, especialmente colorados y liberales, sancionó el texto el pasado miércoles, que además daba vía libre a políticos corruptos a enriquecerse.
La Corte Suprema de Justicia ya resolvió la semana pasada que las declaraciones juradas de funcionarios estatales son públicas. El documento vuelve al Senado. Esta Cámara legislativa tuvo una postura contraria a los diputados, quienes son los más reacios a la transparencia.