El juez en lo Civil José Guillermo Trovato admitió ayer el amparo contra la Itaipú Binacional sobre acceso a la información pública y la emplazó por diez días para que provea los datos sobre las reuniones de su Consejo de Administración.
La garantía constitucional fue presentada por la Sociedad de Comunicadores del Paraguay, a través de Rubén Penayo y Beatriz Pompa, secretario general y adjunta del citado gremio, bajo patrocinio de los abogados Alejandro Vera y Juan Granado.
Con ello, la binacional tiene diez días para poner a disposición de los amparistas el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración, desde el 15 de agosto de 2018, a más de la posición de los consejeros paraguayos, el sentido de su voto y sus argumentos.
Lo más probable es que el representante de la Itaipú, Óscar Bogado, apele la resolución, teniendo en cuenta que se había opuesto al pedido. Además, requirió al juez que realice una consulta constitucional para determinar si la ley de acceso a la información es o no inconstitucional.
Según el juez, la Ley de Acceso a la Información afecta a las binacionales, según el artículo 2, numeral i), por lo que es una fuente de información pública.
Argumentó que la consulta constitucional es una potestad del magistrado, pero no es vinculante, sino que puede o no hacerlo.
También sostuvo que en más de siete años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Itaipú nunca planteó una acción de inconstitucionalidad en contra de la normativa.
Con ello, entendió que había que admitir la garantía constitucional contra la binacional, y emplazarla por 10 días para que conceda la información a la Sociedad de Comunicadores del Paraguay.
AMPARISTA. Por su parte, Rubén Penayo señaló que el juez era valiente al admitir el amparo, teniendo en cuenta lo que representa la Itaipú Binacional.
Además, explicó que cuando pidieron la información, solo le dieron los datos acerca de la cantidad de reuniones hechas por el Consejo de Administración, pero no el orden del día, las actas ni la posición, los votos y los argumentos de los consejeros paraguayos.
Alegó que el Consejo de Administración aprobaba todos los años un presupuesto de 3.200 millones de dólares, por lo que la ciudadanía tenía derecho a saber el destino de todo ese dinero, que representa nada menos que un cuarto del presupuesto general del país.
