Un total de 25 personas, entre ellas un policía, murieron durante el operativo policial más sangriento de Río de Janeiro, Brasil, pero las autoridades todavía no han identificado a ninguna de las víctimas, excepto al agente.
“Todos bandidos. Entra un policía en una operación normal, es disparado en la cabeza de una azotea. Lamentablemente esas bandas del narcotráfico son verdaderas narcoguerrillas”, dijo Mourao en declaraciones a los periodistas.
El vicepresidente comparó la situación de Río de Janeiro, que vive bajo intensos conflictos entre la policía, el narcotráfico y las milicias, con una “guerra” que genera “problemas serios” a la seguridad pública.
Nota relacionada: Operación policial causa la mayor masacre de Río
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Es un problema serio de la ciudad de Río de Janeiro, que ya llevó varias veces a que las Fuerzas Armadas fueran llamadas a intervenir” y “que vamos a tener que resolver un día u otro”, completó.
Hasta el momento, las autoridades cariocas no divulgaron las identidades de los muertos ni los delitos por los que presuntamente responderían, pero rechazaron las acusaciones de supuestos abusos y ejecuciones extrajudiciales en la operación, que duró cerca de nueve horas y provocó la mayor matanza en la historia de la ciudad.
Sin embargo, los residentes de la favela de Jacarezinho calificaron como una “masacre” la acción policial y denunciaron una violencia excesiva y “abusos” contra la comunidad, según relataron en videos e imágenes difundidos en las redes sociales.
Este viernes, manifestantes se dieron cita frente a las instalaciones de la Policía Civil para pedir justicia por las vidas segadas en el operativo.
“Las personas murieron sentadas, murieron dentro de casas. Las imágenes son esclarecedoras y por la dirección de la sangre se ve que no hubo intercambio de tiros. Hubo ejecución, hubo asesinato”, dijo a Efe la estudiante Milena Santos.
El caso generó una ola de críticas de expertos en seguridad pública y organizaciones defensoras de derechos humanos dentro y fuera de Brasil, por lo que la Defensoría y el Ministerio Público de Río anunciaron la apertura de investigaciones sobre los hechos.
El propio alcalde de Río, Eduardo Paes, criticó la acción de los policías y señaló que es el resultado de una política de seguridad pública “inexistente y errónea” que “pone en riesgo a la policía y permite que se propague el crimen”.
Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó hoy su preocupación por el operativo y denunció posibles intentos de las fuerzas de seguridad para evitar que se pueda llevar una investigación independiente de lo ocurrido.
Por ello, el organismo instó al procurador general de Brasil a iniciar una investigación profunda e imparcial del suceso “de acuerdo con los estándares internacionales” a fin de garantizar la seguridad de los testigos y que éstos sean protegidos “de toda intimidación o intento de represalia”.
