Si la crisis política que se desató tras la filtración de un acuerdo secreto con Brasil sobre venta de energía de Itaipú, que resultó perjudicial para los intereses del Paraguay, ya había provocado un gran terremoto en ámbitos del Gobierno, forzando la renuncia de cuatro altos funcionarios, las nuevas revelaciones sobre un presunto caso de tráfico de influencias en que aparece involucrado el propio vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, eleva la gravedad del caso e introduce aún con mayor fuerza la posibilidad de un juicio político.
Durante las declaraciones del ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Pedro Ferreira, ante una comisión especial en el Congreso, en la mañana del martes, salió a relucir que una persona relacionada al Gobierno había pedido que se excluya del acta el sexto punto, que en principio buscaba establecer que el Paraguay pueda vender una porción de la potencia excedente de energía que le corresponde al mercado privado brasileño, a un precio mucho mayor que el que abona actualmente Brasil por la cesión.
En ese contexto, se reveló que un joven abogado, José Rodríguez González (hijo de quien hasta ayer era la ministra de la Seprelad, María Epifanía González), fue quien presuntamente actuó en representación del vicepresidente Velázquez para que se excluya el punto 6 del acta bilateral, lo cual fue considerado como el acto más lesivo para los intereses del país. Lo significativo es que Rodríguez se presentó además como intermediario ante la ANDE por la empresa Léros Energía e Participacoes SA, presuntamente ligada a la familia del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, interesada en reservar la compra de la energía paraguaya.
Aunque el vicepresidente se presentó ayer ante la Cámara de Diputados constituida en comisión y negó tajantemente las acusaciones, se abrieron varias instancias de investigación sobre el tema. El Ministerio Público conformó un equipo para indagar los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y traición a la patria. Paralelamente, el Gobierno ordenó que la Secretaría Anticorrupción haga su propia investigación, mientras el Congreso lo hará a través de una Comisión Bicameral.
El desafío ante esta nueva situación es mucho mayor. La crisis política se vuelve más grave y la credibilidad de las gobernantes se deteriora aún más. Hugo Velázquez arrastra antecedentes por denuncias anteriores que lo relacionan con ostentosos viajes al Líbano junto con empresarios de la Triple Frontera que luego aparecieron procesados por un sonado caso de megalavado de dinero, presuntamente ligado a la organización política extremista Hezbollah. Aunque no se pudo probar una vinculación directa del actual vicepresidente, la sospecha de conexiones ha quedado instalada.
La cuestión debe ser investigada en todas las instancias, especialmente por los organismos del sistema de Justicia, y en caso de confirmarse que hubo un acto de traición contra los intereses del país, urge aplicar las máximas sanciones, incluyendo exigir la renuncia al cargo o llevar adelante un juicio político para la destitución. La creciente indignación y movilización ciudadana ante irregularidades que salpican a los máximos referentes del Gobierno no debe permitir que estos hechos queden en la impunidad.
