La abogada del hombre, Diana Vargas, contó que el hecho ocurrió hace ocho meses cuando solo se podía circular hasta las 21.00, en cumplimiento de las primeras restricciones que se llevaron a cabo para mitigar el avance del Covid-19.
Vargas explicó en contacto con Última Hora que todo ocurrió sobre la avenida Pizarro en el barrio Republicano de la ciudad de Asunción. Los uniformados detuvieron al hombre en una zona oscura y le exigieron que baje del rodado en el que se encontraba circulando.
“Realmente no puedo decir que era una barrera, porque salieron de la oscuridad en una moto y lo siguen”, relató la abogada e indicó que eran alrededor de las 21.00 cuando sucedió todo y que su cliente venía de la casa de su madre.
“Hay filmaciones de la situación en la cámara de los vecinos. Los policías se suben a su vehículo del lado del acompañante y comienzan a revisar todo. Él pide que le devuelvan los documentos y la billetera que le habían sacado”, manifestó Vargas.
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A la fuerza lo bajan de su rodado y lo llevan hasta la comisaría. “Luego ya le sacan a la fuerza del vehículo, le arrastran, le patean, le echan unos dientes y le rompen algunas costillas”, añadió. Para que el hombre pueda ser liberado le pidieron la suma de G. 5.000.000.
“Al día siguiente ellos envían un acta policial diciendo que él se había resistido y termina imputado por violación de la cuarentena y resistencia”, puntualizó y cuestionó la mala práctica policial, al igual que la falta de resultados del Ministerio Público.
“Imagínate una persona sola ante cuatro policías. La resistencia es un tipo penal muy específico que malutilizan en la Policía y en la Fiscalía”, reprochó. Además, lamentó la impunidad que existe hacia los efectivos policiales involucrados en hechos irregulares.
Los mismos no fueron imputados y siguen en servicio, aseveró Vargas, mientras que su cliente enfrenta un proceso penal y tiene prohibición de salir del país y cambiar de domicilio. “Él me decía que hasta ahora tiene miedo”, expresó.
Este caso de extorsión se suma a otras denuncias que también involucraron a agentes policiales. Con la nueva legislación de la Policía Nacional, se está facultado a dar de baja a los agentes implicados en hechos punibles, una vez que cuenten con evidencias suficientes.