La red de estafas conocida como la mafia de los pagarés lleva décadas perjudicando a centenares de personas. Pero es muy reciente que se ha hecho pública y la Justicia por fin ha comenzado a dar algunos pasos para equilibrar la balanza. Denuncias, reclamos e incluso manifestaciones públicas fueron necesarias para que el Ministerio Público finalmente imputara a más de 60 personas, entre jueces, actuarios y abogados, presuntamente implicados en una organización delictiva. Las víctimas necesitan que se haga justicia y que esta sea pronta.
Aunque proviene desde muchos años atrás, el pasado año comenzaron a hacerse públicos los reclamos y las denuncias y, desde entonces, no han cesado de aparecer más personas perjudicadas por el esquema de estafa.
Desde el 2022, empresas de cobranzas promovieron demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo y a veces directamente juicios ejecutivos para ejecutar pagarés “sin indicación del beneficiario”, como señala el Ministerio Público. En este esquema, los ujieres debían notificar a los supuestos deudores de estas demandas, para que comparecieran a reconocer las firmas estampadas en los pagarés. Los deudores debían, por su parte, haber sido intimados por los oficiales de Justicia para el pago. Pero todas estas notificaciones que debían hacerse, previamente a que se dispusiera el embargo de los bienes para cubrir el monto reclamado, en realidad, no se hacían. Ni las notificaciones, ni las intimaciones de pago, o mandamientos de embargo se hicieron, pues los ujieres y oficiales de Justicia consignaron falsamente en los expedientes las cédulas de notificación con supuestos informes de estos procedimientos.
Las víctimas de esta de red de estafas no son simples datos o un número de expediente, son personas que claman por un poco de justicia y celeridad.
Es el caso de la enfermera jubilada Luciana Bernadet Torres, quien recientemente pidió a la fiscala que su denuncia sea investigada para que se levante el embargo de su salario jubilatorio, a ella mensualmente le descuentan más del cincuenta por ciento, y afirma que, desde hace cuatro meses, cuando denunció su caso ante la Fiscalía, la investigación no avanza, y los descuentos compulsivos a su salario son un perjuicio atroz.
Relata que desde noviembre de 2023 vive este calvario. Se jubiló en el Hospital de Clínicas y ahora tiene un descuento de G. 1.450.000 de su jubilación, por lo que le quedan apenas G. 1.600.000. “Compro mis medicamentos y ya no me queda. Ni para el pasaje me alcanza. Cuando debo ir a Asunción, tengo que prestar para mi pasaje. Pido socorro por eso”.
La jubilada afirma no haber firmado un pagaré, pero se encuentra indefensa, pues aquellos pagarés fueron fraguados, y por eso, desde hace un año y cuatro meses le arrebatan la jubilación por la que trabajó toda su vida.
El caso de la mafia de los pagarés incluye toda una red de personas que sacaron provecho de su poder y posición. La Justicia debe responder con mayor celeridad a los reclamos de las víctimas de esta red de estafas. Es inaceptable que los procesos estén avanzando tan lentamente, y que las personas perjudicadas deban “pedir socorro”, cuando les acompaña el derecho a reclamar justicia.
Todas aquellas personas que han “torcido el derecho”, o se beneficiaron con ello, deben ser ejemplarmente castigadas. Los paraguayos y paraguayas necesitan una Justicia que deje de ser cómplice de la impunidad, y que solamente sea efectiva con los poderosos. Este caso es un gran desafío para nuestro sistema, y para que la Justicia por fin se ponga del lado de los desvalidos.
