Para Tierra Viva, la presencia de empleados de las firmas Roswell Company S.A. y Kansol S.A., propiedad de Roedel, representa una invasión, ya que según una ley el alemán perdió el dominio sobre las tierras. Otro hecho que refuerza esta pérdida, incluso, son los fallos de la Corte Suprema que favorecieron a los nativos que aguardan que se concrete la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Su permanencia en el lugar es irregular, es un hecho punible y se deben retirar, dijo a ÚLTIMAHORA.COM el abogado de la ONG Tierra Viva, Ireneo Téllez.
El último incidente se registró el miércoles cuando el líder de los Sawhoyamaxa se acercó a un retiro donde se encontraba Luis Brítez y otros empleados de las empresas que siguen explotando el lugar, aunque en menor medida.
En un momento dado Brítez, acompañado de policías, desenfundó su arma y apuntó a Marecos, en ese momento llegaron más nativos para intervenir en la situación. Los oficiales procedieron a calmar al peón pero ni siquiera le despojaron de su pistola.
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Ante la situación, la ONG se comunicó con el fiscal de Pozo Colorado, Héctor Velázquez, quien a pesar del pedido no se constituyó en el lugar. Tampoco quiso hablar con la redacción de ÚH y derivó la responsabilidad a la fiscala general adjunta del Área VIII, Artemisa Marchuk.
La representante del Ministerio Público argumentó que la causa se está resolviendo en el ámbito civil y no corresponde al penal. Agregó que la Fiscalía está trabajando para resguardar la seguridad en el lugar con los policías. Sin embargo, los nativos reclaman que los efectivos no intervienen e incluso tuvieron que presionar para que el último incidente conste en acta.
El Ejecutivo promulgó el 11 de junio del 2014 la ley por la que se restituye sus tierras a los Sawhoyamaxa después de 23 años de lucha. La normativa es un paso para cumplir con la sentencia de la CIDH.
Los Sawhoyamxa, del pueblo Enxet, fueron expulsados de sus tierras hace 23 años y tuvieron que vivir a la orilla de la ruta que une Pozo Colorado con Concepción. Hace más de un año decidieron recuperar parte de sus tierras como forma de presión para que se cumpla con la sentencia internacional.
Los G. 34.939.617.222 que corresponden a la indemnización ya están depositados en una cuenta genérica.
