Así lo vemos claramente, luego de un análisis de las declaraciones juradas de candidaturas electas y otras que no, pero que tienen en común, acusaciones o antecedentes de presuntos nexos con miembros del crimen organizado, donde se observan varias inconsistencias, como autofacturas y omisión de datos.
Considerando que las elecciones internas es donde los políticos, sobre todo los colorados, apuestan más dinero, urge la necesidad de ajustar la ley para mejorar el control, ya que no se exigen detalles de facturación, por ejemplo. También es importante implementar un control real de lo gastado, ya que en la mayoría de los casos declaran menos de lo que se ve en la propaganda en medios, redes y vía pública.
Ejemplo. Tomamos, como primer ejemplo, al actual senador Erico Galeano, imputado por el Ministerio Público por varios presuntos delitos que son investigados en el marco del Operativo A Ultranza, que desbarató una red de tráfico de cocaína a Europa.
El ex diputado desaforado en la Cámara Baja, y luego desaforado en la Cámara Alta, declaró haber gastado en las internas partidarias casi G. 70 millones, mientras que para las generales, invirtió G. 60 millones.
En su Declaración de Interés Económico Vinculado (DIEV), Galeano menciona a cinco de sus empresas, DGS Transportes SA, Alpina SA, Mirage Sport Center SA, Distribuidora Alpina SA, Petranco SA. Sin embargo, no mencionó a otras que sí figuran en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) que rectificó en marzo del año pasado a la Contraloría General de la República (CGR), como Mega Crucero SA, Indupalma SA y Mercury Tabaco SA. Su patrimonio neto declarado fue de G. 83.382 millones.
Las rendiciones de ingresos y gastos de campaña de las internas partidarias publicadas no tienen detalle de facturaciones , y solamente indican, en el caso de Galeano, que gastó G. 69.849.500 (G. 56.580.000 en propaganda y G. 13.269.500 en organización).
En su rendición de las elecciones generales, sí figura que el gasto de G. 60 millones en propaganda le fue facturado por una persona de nombre Sandra Patricia Segura Peña.
Abdista a cartista. Otra polémica figura por haber sido señalado en varias ocasiones de tener vínculos con el narcotráfico es el gobernador electo de San Pedro: Freddy D’Ecclesiis.
El mismo formaba parte de la bancada abdista en la Cámara Baja y fue electo gobernador este año por dicha facción , pero el mes pasado, anunció que se pasaba al cartismo.
En el 2014, fue señalado por el entonces senador Arnaldo Giuzzio, así como también por su propia correligionaria y entonces diputada Perla de Vázquez, de estar ligado al narcotráfico.
En su Declaración de Interés Económico Vinculado (DIEV), D’Ecclesiis afirmó no tener participación en empresa alguna, totalmente contrario a lo que afirmó en su última Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) presentada en el 2018, donde mencionó a la empresa D’Ecclesiis Import Export SRL como parte de su patrimonio de G. 80.948 millones.
Para las internas partidarias, D’Ecclesiis declaró contar con G. 126 millones de su salario, y gastó G. G. 103.036.932 (G. 73.168.522 en transporte, G. 18.900.000 en propaganda, G. 6.978.410 en organización, y G. 3.990.000 en alquileres).
Para las generales, solamente declaró G. 25 millones, que dijo haber gastado en propaganda y publicidad. Tal gasto lo presentó con documentos respaldatorios de cinco facturas a su nombre o “autofacturas”.
Diputadas con pasado. El nombre de la diputada colorada cartista Cristina Villalba volvió a sonar en marzo del 2022 en boca de la hoy senadora, Celeste Amarilla, cuando recordó su vínculo con el condenado autor moral del asesinato del periodista Pablo Medina en el 2014, así como el audio del 2015, donde el narcotraficante Ezequiel de Souza afirmó que Villalba y su hermano recibían coimas del narcotráfico.
Villalba fue reelecta como legisladora por su departamento, y tal como los anteriores señalados, reportó menos gastos en las generales que en las internas.
Declaró para las internas fondos por G. 30 millones de sus ahorros, y gastó G. 28.322.500 (G. 15.495.000 en transporte, G. 12.827.500 en propaganda).
Para las generales, sus fondos ya bajaron a G. 20 millones de sus ahorros, y en su rendición de gastos, así como lo hizo D’Ecclesiis, presentó una factura a su propio nombre por la misma suma de G. 20 millones.
En la misma bancada de Cristina, se encuentra la diputada por Alto Paraná, Liz Cristina Acosta Brítez quien estuvo envuelta en un caso judicial vinculado al narcotráfico, en Brasil, en el año 2003. En ese entonces, era pareja de João Adriano, alias Baixinho, del Comando Vermelho. Con él y sus hermanos fue procesada y condenada a tres años por posesión de más de 500 gramos de cocaína. Fue absuelta por el Tribunal de Apelaciones por el beneficio legal de la duda.
En la misma línea de los anteriormente citados, gastó más en la interna que en las generales, en total G. 45 millones de sus honorarios. De los cuales gastó en: G. 25 millones en propaganda, 10 millones en transporte y G. 10 millones en organización. Mientras que en las generales, gastó solamente G. 30 millones en propaganda pagada a Siglo XXI, Mariela Gómez, Aldo Espínola y el Diario La Jornada. En su declaración a la Contraloría sostuvo contar con un patrimonio neto de G. 60 millones.
polémicos no electos. Con la misma intensidad de polémicas, pero sin el logro de haber quedado electos, figuran otros candidatos que se presentaron. Tal es el caso del ex candidato colorado a diputado por Amambay Luis Alberto Guillén Zárate, quien, siendo concejal Departamental de Amambay, en el 2020, fue abogado patrocinante de supuestos sicarios del capo narco Sergio De Arruda Quintiliano, alias Minotauro, del Primer Comando Capital (PCC).
Como los demás, Guillén gastó más en la interna que en las generales. En la interna preparó G. 32 millones de sus ahorros, pero al final gastó G. 25 millones en propaganda, mientras que en las generales preparó G. 20 millones, pero no gastó nada, según lo declarado. Cuenta con tres DJBR presentadas ante la CGR, la primera del 2019 y dos en el 2020, donde declara un patrimonio neto de G. 11.456 millones.
Otro que no entró fue el ex diputado Bernardo Villalba, quien se postuló en la interna como candidato a gobernador de Concepción y perdió. Al igual que D’Ecclesiis, fue señalado por Giuzzio en el 2014 de tener vínculos con el narcotráfico.
Fue abogado del capo narco Carlos Capilo Caballero, miembro del Primer Comando Capital (PCC). En las elecciones internas declaró G. 30 millones, cuyo origen, dijo provenían de donaciones, y los gastó en: 1) G. 25.500.000 en transporte y 2) G. 4.500.000 gastos de organización.
La misma o peor suerte corrió el precandidato colorado a diputado por Concepción de Fuerza Republicana, Víctor Ramón Sanabria Oporto, ex intendente de Belén. En noviembre de 2022, el Ministerio Público libró una orden de captura en su contra por presuntamente estar involucrado en un caso de tráfico de cocaína detectado en Uruguay con destino a Rusia denominado Operativo Conexión Moscú.
Su movimiento publicó un comunicado pidiendo que se entregue a las autoridades. En la interna declaró solamente G. 3.940.935 como fondos de campaña, provenientes de la venta ocasional de bienes, que en la rendición de cuentas dijo no haber gastado. Cuenta con tres DJBR presentadas ante la CGR. La última es del 2022, donde declara un patrimonio neto de G. 1.550 millones, valor de una propiedad en Villa Elisa.
cambios. La ley de financiamiento político vigente y su aplicación en los procesos electorales distan mucho aún de servir como herramienta real para controlar el flujo real de dinero en las campañas y mucho menos sus orígenes reales.
Los millonarios gastos en propaganda en vía pública, redes sociales y medios de comunicación no se ven en la mayoría de las rendiciones de gastos de campaña, y las declaraciones juradas parecen poco reales a la hora de analizar números y datos consignados.
Si bien la ley nueva dio paso a iniciar controles en las internas partidarias, estos aún son muy pobres en cuanto a exigencias. Las presentaciones publicadas no cuentan con detalles de facturaciones realizadas en el marco de los gastos de campaña.
La importancia de dar mayor control a las internas claramente se ve en el mayor volumen de inversión monetaria que hay en este estadio electoral, sobre todo en los partidos grandes como la ANR y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
En las rendiciones de las elecciones generales sí aparecen las facturaciones, sin embargo, en este punto se ven situaciones extrañas como las autofacturas.
Estos elementos y otros deberán ser analizados tanto por la Justicia Electoral como el Congreso para mejorar la ley.
Este artículo es producto del Bootcamp en financiamiento político, tecnología y elecciones realizado en alianza con Tedic y Semillas para la Democracia. Las opiniones expresadas y hechos consignados en el presente material son de exclusiva responsabilidad de las personas autoras y no necesariamente reflejan la postura oficial de Tedic y Semillas para Democracia ni de la dirección del medio.
