La ex fiscala y ex viceministra Liliana Zayas, especialista en derechos de la mujer, lamentó este jueves a través de NPY que los mecanismos de protección a las mujeres víctimas de violencia familiar terminan en un fracaso, afirmando que tanto las familias, la sociedad como el Estado aún siguen minimizando los casos.
En ese sentido, responsabilizó principalmente al Gobierno, debido a que, si bien existen las leyes para evitar los desenlaces fatales, no hay presupuesto para que se puedan aplicar como corresponde.
Asintió en que la falta de inversiones en este aspecto deriva en que no haya la cantidad de fiscales necesarios para realizar la valoración de riesgo en que se encuentra la mujer que denuncia los casos, mientras que los Juzgados de Paz no tienen el equipo técnico para determinar las medidas de protección correspondientes.
“El sistema ha fallado y seguirá fallando porque no se aplica como debería ser aplicado. Hay leyes y anualmente están saliendo leyes de emergencia por temas de feminicidio, hay protocolos, hay instructivos, pero sí voy a subrayar la falta de presupuesto, porque estas leyes son expectativas, porque hoy no hay equipos técnicos o son insuficientes en toda la República”, aseveró.
Detalló que actualmente solo hay cuatro fiscalas especializadas en el área para toda Asunción y tres representantes del Ministerio Público para todo el Departamento de Alto Paraná, que tiene las cifras más altas.
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Ante todo esto, sostuvo que no existe la voluntad política y social necesaria para combatir este flagelo, recordando, a su vez, que poco tiempo atrás se aprobó la normativa para la utilización de pulseras o tobilleras electrónicas para los casos de violencia familiar.
“Pero nuevamente no hay presupuesto para esto. Para las mujeres víctimas de violencia no hay presupuesto, no hay protección, hay leyes fantásticas y compromisos supranacionales, pero al momento en que recurre a la Justicia, o es minimizada su denuncia o se le asigna a ella la carga de la protección”, manifestó.
Y añadió Zayas: “Hasta el día que las instituciones dejen de pasarse la pelota y decir que ese no es su trabajo habiendo una mesa interinstitucional de protección ante estos casos, vamos a seguir teniendo el resultado de la forma más violenta que es el feminicidio. Seguimos ninguneando la violencia contra las mujeres, desde la familia, la sociedad y el Estado”.
Cómo debe actuar la Fiscalía
Los casos de violencia familiar son actualmente de acción penal pública, por lo que los fiscales deben actuar de oficio, mientras que la víctima no tiene atribuciones de desligar de responsabilidad al victimario retirando su denuncia.
Con respecto al procedimiento una vez que la Policía Nacional comunica cada caso a la Fiscalía, Liliana Zayas explicó que, de acuerdo con un protocolo de investigación con perspectiva de género de hechos de violencia intrafamiliar que está vigente desde el 2017, se debe hacer una valoración de riesgo.
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Detalló que lo que se debe evaluar si el riesgo que corre la víctima es alto, medio o leve y sobre esa base establecer las medidas de protección, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 5777/16 “De Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia”.
Lamentó que casos como el de la joven de 17 años que fue asesinada por su padrastro tras denunciarlo por abuso sexual sistemático hayan terminado en feminicidio, debido a que no se aplicó este proceso correspondiente.
“Pero analizar como este caso que trágicamente tuvo este desenlace, una situación de peligro extraordinaria que inclusive solamente un control aleatorio de la Policía no es suficiente. Me queda claro que en esta causa no se aplicó, no se valoró el riesgo, como en tantas otras causas”, aseveró.
Este mismo jueves también se dio a conocer el caso de una mujer que ya denunció tres veces consecutivas a su ex pareja por presunta violencia familiar.
Ahora, pese a que cuenta con una orden de alejamiento, la mujer es víctima de amenazas de muerte por parte del presunto agresor, quien aún sigue libre, posee antecedentes por abuso sexual en niños y sin una orden de detención por parte de la Fiscalía.
