En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile, existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
Según explicó el funcionario de Gobierno, esta definición de seguridad implica que “un 50% del contingente presente en la zona se despliega para cumplir labores de control y de fiscalización”, sumado al apoyo de dos helicópteros y el contingente habitual de carabineros para “reforzar las capacidades de respuesta en términos de eventuales hechos de violencia que ocurran en la zona”.
“Se va a cuantificar y definir la forma de implementar de aquí al lunes, entendiendo que la única forma de respuesta rápida en materia de vehículos blindados no es comprarlos, sino que destinar los que pudieron estar en manos del Ejército para desplegarse en la Macrozona Sur”, detalló Monsalve.
Durante las últimas 48 horas se han registrado camiones y otros vehículos siniestrados tras ataques orquestados por grupos de encapuchados, además del baleo a la casa de un consejero constitucional de ultraderechas electo el pasado domingo.
Monsalve enfatizó “el rechazo rotundo del Gobierno a los hechos de violencia. La violencia es un adversario de la democracia, este es un Gobierno que cree en la democracia, la vamos a defender y defender la democracia también implica aplicar el estado de derecho”.
Desde mayo pasado, en la zona rige un estado de excepción constitucional ratificado por el Congreso en 23 oportunidades, herramienta constitucional que permite el despliegue militar en la zona para que ayuden a carabineros (policía militarizada).
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX.