Mientras que en gran parte de América Latina la población se urbanizó entre 1960 y 1965, en Paraguay este proceso no ocurrió hasta el período de 1985 a 1990, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El país cuenta con 5.885.678 habitantes, de los cuales el 50,9% son mujeres. En el área rural, las mujeres representan el 49,7% de la población, lo que demuestra su relevancia en estas zonas.
La economista y doctora en Ciencia Política Ana Rojas Viñales analizó los datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) de 2023 y encontró que el 53,8% de la población femenina rural tiene menos de 30 años, el 8,3% tiene más de 65 años y el 29,4% tiene entre 30 y 64 años, mientras que la media de edad es de 30,5 años para las mujeres rurales.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEducación y pobreza: Una brecha que persiste
En su artículo Las Mujeres Rurales en Paraguay: Protagonistas del Desarrollo Sostenible, Rojas Viñales comenta que las mujeres rurales paraguayas enfrentan limitaciones significativas en términos de educación.
Aunque el 83,7% sabe leer y escribir, las que no lo hacen señalan como principal motivo el no haber tenido acceso a la enseñanza. El promedio de escolarización es 7 años, 2,5 años menos que el de las mujeres urbanas.
Su contribución no solo se refleja en la producción agrícola y la seguridad alimentaria, sino también en el fortalecimiento de sus comunidades a través de emprendimientos agropecuarios.https://t.co/0WvUmkx7U2 pic.twitter.com/HM9ykMTEPn
— Última Hora (@UltimaHoracom) October 15, 2024
“Esta brecha educativa contribuye a que la pobreza afecte de manera desproporcionada a las mujeres rurales, con un índice de pobreza del 29,9% y una pobreza extrema que alcanza al 9,7%, niveles superiores a los de los hombres en las mismas áreas, y por supuesto, por encima de los niveles nacionales”, advirtió la economista.
Asimismo, del total de hogares en el área rural, el 33,5% está encabezado por mujeres y lo más probable es que estos hogares sean monomarentales, por lo tanto, expuestos a mayor vulnerabilidad y pobreza y dificultades para el cumplimiento de los derechos.
La fuerza laboral femenina en el campo
En cuanto a la participación económica, la investigadora señala que el 70,6% de las mujeres rurales, de 15 años y más, forman parte de la fuerza de trabajo, aunque el 45,9% se encuentra inactiva, en su mayoría debido a tareas del hogar, motivos familiares o estudios.
Solo el 50,8% está ocupada, principalmente en trabajos por cuenta propia (36,5%) o como trabajadoras familiares no remuneradas (19,4%). Las ocupaciones más comunes de las mujeres rurales son la agricultura y las actividades agropecuarias (29,9%), como trabajadoras de servicios y vendedoras de comercios y mercados (28,7%), y trabajadoras no calificadas (20,9%), respectivamente.
De esta manera, la realidad muestra que a pesar de sus esfuerzos, el 60,4% de las mujeres rurales no tiene ingresos propios, y el salario promedio de aquellas que sí lo tienen es de apenas el 22,9% del salario mínimo legal vigente en 2023.
Esta precariedad económica también se refleja en su limitada cobertura social, teniendo en cuenta que solo el 12,1% aporta a un sistema de jubilación. El 50,6% están afiliadas a la Caja Fiscal y el 48,6% al Instituto de Previsión Social.
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Propiedad de la tierra y acceso al crédito
Rojas Viñales se refiere a la división sexual del trabajo en el campo como otro desafío que enfrentan las mujeres rurales. Según el Censo Agropecuario Nacional (CAN) de 2022, solo el 38,3% de las fincas agrícolas son gestionadas por mujeres.
Además, estas productoras suelen destinar sus tierras a actividades de subsistencia, como la producción de alimentos o la pesca, en lugar de cultivos comerciales a gran escala. El acceso al crédito también es una barrera, ya que solo el 22% de las productoras recibió financiamiento, en comparación con el 74,6% de los hombres.
Políticas públicas y proyectos para la mujer rural
La investigadora no solo analizó las cifras sobre la situación de las mujeres rurales en Paraguay, sino que también hizo una revisión de las políticas públicas vigentes. En ese aspecto, encontró diversas iniciativas gubernamentales y de la sociedad civil para mejorar sus condiciones de vida.
Por un lado está la Ley N.º 5446/2015, de Políticas Públicas para Mujeres Rurales, promulgada con el objetivo de promover y garantizar el acceso de las mujeres rurales a recursos y oportunidades que fortalezcan su desarrollo integral.
“Esta ley representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales en el país”, sostuvo Rojas Viñales.
En cuanto a las políticas de Estado, programas como Tekoporã y Tenonderã, que proporcionan apoyo económico a familias en situación de vulnerabilidad, la investigadora considera que buscan cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza y contribuir a la inclusión productiva de las mujeres rurales.
Resaltó también los trabajos de organizaciones no gubernamentales e internacionales, como ONU Mujeres y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que implementaron programas orientados a fortalecer las capacidades de liderazgo y empresariales de estas mujeres, promoviendo la igualdad de género y la sostenibilidad en el ámbito rural.
En ese sentido, destacó que las mujeres rurales de Paraguay son pilares en sus comunidades y motores del desarrollo sostenible.
“Sin embargo, aún enfrentan grandes desafíos en términos de acceso a educación, trabajo remunerado y recursos productivos. A pesar de estas barreras, su aporte es vital para la seguridad alimentaria y el bienestar de la sociedad paraguaya en general”, concluyó.
Desde el 2007, cada 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para destacar el rol crucial de las mujeres en las zonas rurales.
