Tras las recientes declaraciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, la viuda del fiscal Marcelo Pecci, Claudia Aguilera, emitió un comunicado público aclarando su posición con respecto a la investigación del crimen de su marido, aclarando su colaboración permanente en la pesquisa con las autoridades colombianas y estadounidenses, además de rechazar “cualquier señalamiento” a su persona de “obstruir la investigación”.
“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación”, comenzó diciendo la viuda, en relación a lo dicho por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien sostuvo que la investigación no avanza porque Aguilera no quiere entregar el teléfono de su marido, asesinado el 10 de mayo del 2022 en isla Barú, Colombia.
Indicó, además, que solicitó que los trabajos técnicos y periciales del teléfono de Marcelo Pecci los realice la Fiscalía de Colombia, en conjunto con los investigadores de Estados Unidos, por motivos específicos.
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En ese sentido, contó que el teléfono de su difunto esposo estuvo “lacrado” desde el día del crimen, el 10 de mayo de 2022, fecha en la cual entregó el dispositivo a los investigadores colombianos.
Continuó expresando que el 13 de mayo de 2022, “el Ministerio Público de Paraguay solicitó a la Fiscalía de Colombia el manejo sigiloso, control y custodia oficial de los datos brutos del aparato telefónico de Marcelo Daniel Pecci Albertini”.
Seguidamente, detalló que recién el 18 de marzo de 2024, la Fiscalía paraguaya le solicitó a la viuda suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, con miras a la “extracción de datos y diligencias técnicas”.
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Asimismo, recordó que a partir del 22 de abril de 2024, los fiscales de Estados Unidos se constituyeron en Colombia para tomar declaraciones y efectuar diligencias.
Criticó, en ese aspecto, que tras esta noticia, “recién existió una manifestación expresa de urgencia de parte del Ministerio Público de Paraguay de viajar a Colombia para avanzar en la investigación”.
Aguilera aclaró también que el 29 de abril pasado envió una nota a la Fiscalía de Colombia, autorizando a la Fiscalía colombiana y a los fiscales investigadores de Estados Unidos para que accedan al teléfono y realicen las pericias pertinentes al dispositivo de Marcelo Pecci.
Tras esta exposición de motivos, la viuda de Pecci criticó a las autoridades de la Fiscalía de Paraguay por las excusas puestas constantemente para avanzar en la investigación de su difunto esposo.
“El fiscal general del Estado, de manera recurrente, se ha excusado en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considero pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso, además de que ambos países cuentan con mayores mecanismos técnicos para llegar a quién o quiénes dieron la orden, obteniendo así las pruebas necesarias para condenarlos”, señaló Aguilera en su comunicado.
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Explicó, asimismo, que el teléfono de su esposo “no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos”.
También deslindó responsabilidades de su persona con respecto a la investigación y rechazó acusaciones hacia ella de trabar la investigación.
“Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos. Es mi propósito que se conozca a los responsables de este terrible hecho y es mi objetivo seguir colaborando”, afirmó contundentemente.
Asimismo, la viuda reiteró su postura de cooperar con Estados Unidos y Colombia “para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”.
Condenados en Colombia por el crimen de Pecci
Entre los involucrados están los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, que fueron sentenciados a 306,9 meses de prisión (25 años y 6 meses), por haber ordenado y pagado para acabar con la vida del fiscal.
A 23 años y 6 meses fueron condenados Wendre Still Scott Carrillo, venezolano, el sicario que efectuó el disparo; Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, conductor de los asesinos; y Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño (madre e hijo), quienes se encargaron de hacer el seguimiento.
Mientras que a 39 años de cárcel, Margareth Liseth Chacón Zúñiga, que para los investigadores prestó su vehículo para el transporte de las armas con las que se cometió el crimen y actuó en la coordinación de la logística del atentado.
