Que más de 3.000 carpetas de pedidos de aprobación de licencia de impacto ambiental para la ejecución de obras de infraestructura privadas estén varadas en una institución estatal, en un momento de desaceleración económica, habla mucho de lo difícil que es elegir a las personas adecuadas para que estén al frente de las instituciones públicas.
Aunque a lo largo de los años quienes aspiran a la presidencia de la República entendieron la necesidad de continuar proyectos con visión estatal, y ya no simplemente planes gubernamentales que acaban en cinco años, es mucho aún lo que falta para que personas con visión de estadistas ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo.
Última Hora publicaba hace unos días que las empresas y consultoras relacionadas con la construcción reclaman al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) la aprobación de proyectos varados desde enero de este año en las oficinas de la institución.
Según la Ley 294/93, “De Evaluación de Impacto Ambiental”, la declaración de impacto ambiental es requisito ineludible para tramitaciones relacionadas con el proyecto.
Si bien es importante hacer una evaluación exhaustiva de las solicitudes presentadas, la burocracia no estatal no debe tapar la dinámica de la construcción.
Pero no solo el Mades está fracasando en su función de apoyar la reactivación económica; también los ministerios de Obras Públicas y de la Vivienda demuestran que haber recorrido el país haciendo programas de televisión no son mérito suficiente para entender la complicada estructura vial y de la vivienda, y las necesidades y los tiempos de ejecución.
La ejecución presupuestaria del MOPC y del Ministerio de la Vivienda es la muestra clara de que, además de voluntad, se necesita capacidad para mover dos de las instituciones estatales más importantes de la República.
Si la “selección nacional” del ex presidente Horacio Cartes se caracterizó por tener una visión alejada de la realidad social, con gerentes incapaces de entender la necesidad diaria de la población de nutrirse mínimamente al final de la jornada, “el equipo de la gente” está demostrando su incapacidad de estar al frente de instituciones públicas.
Hasta ahora, la única propuesta económica del Gobierno es el paquete de reforma tributaria, pero no hay o no se promocionan proyectos para reformar la carrera del servicio civil, la reducción de gastos relacionados con consultorías o se mejora del control de los gastos estatales, en general.
Anunciar desembolsos de fondos provenientes del pago del Tesoro argentino a la Entidad Binacional Yacyretá es apenas una acción aislada para buscar revertir la situación económica que se siente en las calles.
El presidente Mario Abdo no solo debe evaluar a su “equipo del Paraguay de la gente” y exigir resultados inmediatos, sino también empezar a realizar cambios. Si antes de un año su popularidad está baja, ¿qué será del país cuando su gobierno cumpla tres años y ya estén fuertes las negociaciones políticas con miras a las elecciones del 2023?
Todos estamos de acuerdo en que debe perseguirse a los evasores de impuestos, pero también deben comenzar la depuración de los gastos estatales y acabar con el despilfarro de una vez por todas. Y a ello, sumar la selección de personas capaces de administrar instituciones del Estado.
