Nuevamente los concejales, sobre todo cercanos al intendente César Ojeda (ANR) y Óscar Nenecho Rodríguez evitarán hoy el tratamiento de los tres proyectos de ampliaciones presupuestarias para asegurar la promulgación directa.
Llamativamente en el orden del día no figuran los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por la aprobación y rechazo. Además, la Comisión de Legislación tampoco trató en la semana el mensaje de la Intendencia que, de hecho, ya comunicó el pasado 15 de setiembre que se cumplieron los plazos para la sanción ficta de reajuste salarial por valor de G. 7.166.308.890; reprogramación de ingresos por G. 170.026.819.688 y el pedido de ampliación de ingresos y gastos por G. 44.229.650.504 y G. 4.500.000.000 en nombre de la emergencia por Covid-19.
Los ediles opositores podrían solicitar el tratamiento ante el pleno, pero no existirían los votos. Para este viernes se podría asegurar la promulgación directa.
SALARIOS. El pedido de ampliación de presupuesto para reajuste de salario y bonificaciones es el punto más polémico y compromete el respaldo que pueden recibir de los cerca de 9.000 funcionarios a los ediles, de diferentes partidos, que buscan la reelección.
Por su parte, Ojeda –leal a Nenecho– había salido a hablar con los funcionarios, en medio de la movilización, anunciando que ya “solicitó” la sanción ficta a la Junta.
En el dictamen de Hacienda y Presupuesto por el rechazo, para salarios y bonificaciones, se cuestiona la falta de información sobre los funcionarios que no ganan el salario mínimo vigente, lo que posibilita otorgar un aumento arbitrario y generalizado. Se describe que tampoco se contestaron los diferentes pedidos realizados sobre la lista de los beneficiarios.
Otro aspecto es la ausencia de respuestas ante las denuncias recibidas sobre la incorporación de nuevos funcionarios sin la justificación desde la idoneidad hasta los requerimientos para áreas sensibles. También la falta de respuesta ante las denuncias sobre la promesa de aumentos realizada por un alto funcionario del Ejecutivo y candidato a concejal por la Lista 1, que no responde a los incrementos vinculados al ajuste del salario mínimo. Se cuestiona además el portal con datos encriptados y de difícil acceso.
PLAZOS Y DEMANDA. La Intendencia comunicó a la Junta sobre la sanción ficta, pero no realizó la promulgación. Para algunos ediles opositores, el plazo aún sigue corriendo, al menos para el caso de salarios y reprogramación, que fueron devueltos al Ejecutivo municipal para ampliar informes. Estos volvieron a ingresar el 1 de setiembre. Anunciaron además que el intendente se expone a demanda si promulga fuera de tiempo.
Días después, la Intendencia presentó contra la Junta una acción puramente declaratoria. En el petitorio se busca dar lugar a la acción y, en consecuencia, se declare “que los pedidos de informes y eventuales devoluciones no suspenden ni interrumpen el plazo previsto en el artículo 45 de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal”.
JUGADAS. Desde el primer tratamiento para aumento presupuestario, a mediados de agosto, los concejales oficialistas realizaron varias estrategias para lograr una apresurada aprobación, pero luego al no conseguir los votos evitaron el debate sobre el tema en las semanas posteriores.
Algunas de las jugadas fueron: sesión extraordinaria al día siguiente de que fueran derivados a comisión los tres mensajes, porque en ese entonces existían los votos, aunque fuera ajustado; viaje repentino del intendente para restar un voto a la oposición; pedido de la presidenta de Hacienda y Presupuesto, Fabiana Benegas (ANR), para que vuelva a comisión el dictamen sobre presupuesto para emergencia, al percatarse de que no lograría la aprobación y luego evadir en varias reuniones el tratamiento sobre el tema en la comisión que preside.
También la falta de cuórum en dos sesiones, en medio de mitin político de funcionarios sindicalizados que exigían, entre insultos e incidentes, que se cumpla la sanción ficta.
Informe sobre gastos por Covid
Esta semana el Tribunal de Apelación debe resolver si da lugar o rechaza el recurso de apelación que presentó la Municipalidad de Asunción para evitar proveer parte de informes sobre gastos por Covid-19, como datos de empresas adjudicadas, durante la administración de Nenecho.
La jueza Marcela Fernández ordenó que en 10 días hábiles presente detalles de gastos, contratos, facturas y copias de cheques.