Y es solo para cumplir con ese fin que los administradores del Estado están autorizados a contratar gente, funcionarios cuya única misión es brindarnos los servicios por los que estamos pagando.
El Estado no es una entidad de beneficencia ni una agencia de empleos. Debe contratar únicamente la cantidad de funcionarios necesarios y cualificados como para satisfacer las necesidades de los contribuyentes. Punto. No existe razón alguna para emplear a nadie más; no importa que sea amigo, pariente, vecino u operador político de cualquier autoridad electa; esas personas a las que se eligió para desarrollar funciones específicas.
Y, por cierto, esas personas no pertenecen a una clase social diferenciada ni deben gozar de privilegios excepcionales, ya que, por el contrario, por propia voluntad decidieron convertirse en servidores públicos.
Demás está decir que nada de esto ocurre en la práctica, lo que no significa que no sea exactamente lo que debería ocurrir. Por eso cabe repetirlo hasta el hartazgo: La única razón de ser del personal público y de toda esa megaestructura que llamamos Estado es servir al contribuyente. Nada más.
Luego, ningún argumento justifica que cada legislador tenga la posibilidad de contratar operadores políticos que no representan beneficio alguno para quienes pagamos ese gasto. Hoy pueden desaparecer los 455 contratados por el senador Núñez y tres cuartas partes de todo el batallón de operadores y parientes que parasitan en el Congreso que el ciudadano común no sentirá la más insignificante pérdida en su calidad de vida. La mitad de los ocho mil o más funcionarios de la Municipalidad de Asunción pueden borrarse mágicamente en un instante y la capital no registrará el menor cambio. En realidad, mejorará substancialmente.
Repito, son obviedades; pero los mismos contribuyentes o buena parte de ellos siguen votando como si no lo fueran, como si no entendieran que le están garantizando continuidad a quienes solo se alimentan de sus impuestos; acaso con la vergonzosa esperanza de pasar de víctimas a victimarios tras una breve conscripción republicana.
Pero acaso el mayor culebrón de esta perversión de la función pública no es la cantidad absurda e innecesaria de comensales colgados de la vena tributaria, sino que, salvo honrosas excepciones, entre ese malón de operadores ni siquiera hay gente preparada para cumplir alguna función que no sea lisonjear al jefe de turno, movilizarse en tiempos de campaña o aguzar el ingenio para crear problemas para venderles luego a los contribuyentes sus onerosas soluciones.
Y cada vez que esta masacre fiscal vuelve a ser tema de debate los cínicos de turno prefieren esquivar la discusión refiriendo que la solución de fondo estará en una nueva ley del servicio civil, un marco jurídico cuasi milagroso que corregirá todos los entuertos. La ley está desde hace meses en el Congreso y ha sufrido más mutaciones que el virus del Covid. Sabemos poco y nada de ella. El oficialismo ya dijo que prefiere darle tratamiento de código, lo que significa que la votarán a la velocidad de la luz, sin mayor debate y sin que sepamos bien de qué se trata hasta que ya esté en vigencia.
El propio presidente del Congreso, sin embargo, nos dio un adelanto. Dijo muy suelto de cuerpo que la norma no incluirá a los funcionarios del Legislativo, el Poder Judicial, los docentes, los policías y los militares. O sea… ¡el 70% de todo el funcionariado!
¿No les da la impresión de que nos están tomando del pelo?
