La intención de ocultar el hecho quedó patente en la urgente reunión de prensa, al día siguiente, que se vieron obligados a realizar el titular de la Senad y el ministro del Interior, entre otros, para tratar de instalar un relato que salvara la situación. Dijeron allí que no se cortaba la ayuda del organismo especializado estadounidense en la lucha contra los narcotraficantes, sino que la reorientarían hacia la Policía Nacional, extrayéndola de la Senad, que es la institución responsable de la aplicación de la política nacional sobre drogas y delitos conexos.
¿Por qué el hermetismo en un tema tan delicado para un país que está en la mira por ser “tránsito y una especie de centro de preparación para el tráfico de cocaína” (según el comandante de la Policía Nacional), y de lavado de dinero (agrego yo)?
Del viernes a la fecha, las verdaderas intenciones detrás de apartar a la DEA de la Senad en la lucha contra el crimen organizado no están claras y, contrariamente, ha generado críticas y especulaciones. Más aún al anunciarse que la cooperación de la Administración de Control de Drogas será redirigida a la Policía Nacional. Justo la institución menos confiable y más permeable al soborno del origen que fuere. Es como poner a lobos a cuidar un gallinero.
Si en una institución pequeña como la Senad, especializada y, donde el control de los agentes, se supone, podría ser más efectivo, se producen filtraciones de los operativos, imagínense lo que sería esto en la Policía, tal y como lo vemos hoy.
Cuando de las instituciones del Estado no se obra con transparencia son normales las sospechas y el pensar con reserva sobre lo que, descubierto el hecho, intenten explicar luego. Por eso, la idea de que en este asunto, en realidad, querían sacarse de encima a los agentes especializados de la DEA, o a los Estados Unidos en realidad, ya está instalada, porque hay figuras del grupo político oficialista muy comprometidas con elementos del narcotráfico y el lavado de dinero, según demostró el operativo interinstitucional, en el que participó también la DEA, denominado A Ultranza Py, durante el gobierno anterior.
Más dudas aún sobre las reales intenciones de esta suerte de ruptura abonan las expresiones del senador neocartista Natalicio Chase, quien respecto al tema dijo que hay que regular “la injerencia extranjera y coordinar mejor las participaciones internacionales en cada país”. Es decir, la cooperación de la DEA, para él, es intromisión. Mientras que para varios fiscales, incluyendo al fiscal general del Estado, es fundamental y además porque se necesita contar con experiencia y tecnología de punta para las investigaciones.
En el contexto de todo esto hay que colocar la narcopolítica, que ya está encarnada en el país, y citar y googlear nombres como los senadores cartistas Erico Galeano, Eulalio Gómez, el “amigo del alma” del ex presidente Horacio Cartes, Darío Messer, solo para comprender la relevancia de la decisión que acaba de adoptar el Ejecutivo con respecto a la DEA. De paso, resaltar que la transparencia debe trascender el mero discurso, y que los actos que afectan a la vida pública deben ser públicos. Si no la detecta la prensa local, saltará por las redes o a través de un medio internacional, como ocurrió esta vez.
