La ciudadanía reclama, porque estos cortes de energía dañan sus equipos eléctricos, descomponen los alimentos que necesitan mantener la cadena de frío y generan una enorme incomodidad por el calor agobiante.
Este malestar de la gente contrasta con el discurso oficial que dice que somos un país con abundante energía eléctrica e invita a los inversores internacionales a venir a nuestro país a utilizar este cuantioso recurso.
Este discurso era cierto a partir del año 1973, cuando pasamos de tener una energía disponible de solamente 200 megavatios en la represa de Acaray, a tener el 50% de los 14.000 megavatios de Itaipú y de los 3.200 megavatios de Yacyretá. Al Paraguay de entonces, con un producto interno bruto de apenas 950 millones de dólares le sobraba energía, tanto que por muchos años tuvimos que ceder al Brasil y a la Argentina más del 90 por ciento de la energía que nos correspondía.
A partir del año 2003 –con el boom de los commodities–, el Paraguay comenzó a crecer económicamente teniendo hoy, según datos del FMI, un producto interno bruto de 46,800 millones de dólares, 50 veces más que cuando se firmaron los tratados de Itaipú y Yacyretá.
Como existe una estrecha correlación entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del consumo de energía no debe sorprendernos que hoy el Paraguay ya consuma una parte significativa de la energía que le corresponde de las binacionales.
Desde hace varios años el prestigioso Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico (IPPSE) viene alertando que según sus proyecciones a partir del año 2029 –dentro de cuatro años– si nuestro país no invierte en nuevas fuentes de generación de energía, vamos a tener “déficits de potencia”.
Estas proyecciones se hicieron sobre la base de un aumento anual del consumo de alrededor de un 6%, pero el año pasado todos nos sorprendimos con un aumento del 18,4%...producto del consumo de las criptominerías legales e ilegales.
La situación es grave y debe atenderse urgentemente, en caso contrario nos encaminaremos irremediablemente a un “apagón” como el que tuvo el Brasil en la década del 90 que afectó a cerca de 100 millones de personas y hubo regiones que no tuvieron energía por más de 22 días.
Recién después de estos “apagones” se crearon las condiciones políticas para aprobar reformas profundas del sistema eléctrico brasileño, que le permiten ser hoy un país con un enorme superávit entre su capacidad de generación y su demanda de energía.
Nosotros tenemos que evitar recorrer ese mismo camino, para lo cual es imprescindible que, atendiendo a la importancia y a la urgencia del problema, el Gobierno tome medidas concretas para enfrentarlo.
Tenemos que invertir fuertemente en nuevas fuentes de generación de energía, tenemos que sincerar la tarifa de la ANDE aplicando la tarifa técnica y no una tarifa política y tenemos que impulsar la mayor participación posible del capital privado nacional e internacional en los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía.
El Gobierno es consciente de los problemas y conoce las soluciones, pero existen poderosos intereses políticos, económicos y sindicales que impiden avanzar en los cambios que son imprescindibles.
Al presidente Peña, el IPPSE le ha recomendado cambiar el discurso de que “tenemos energía abundante” y a prepararnos para la escasez que se viene. Y una de las cosas que debe hacerse es comenzar a negociar con nuestros dos grandes vecinos para “importar” energía de ellos.
Porque en los próximos años, pasaremos de exportar a importar energía.
