El procurador general de la República, el ex director de Yacyretá en la era Nicanor y el abogado José Fernando Casañas Levi remitieron ayer a ÚH sus respectivas versiones. Los descargos tienen que ver con Yacyretá, la denuncia presentada por el actual director Carlos Cardozo, en contra de su antecesor por un presunto daño patrimonial, y otras derivaciones del caso.
Sarubbi había autorizado a una firma privada vinculada a su familia que siga explotando una cantera que la propia binacional la había expropiado.
La Fiscalía investiga la denuncia y semanas atrás realizó algunas acciones. A raíz de ello, la firma Tecnoedil, vinculada a los Sarubbi, fue allanada. Esto motivó la participación en el caso de un estudio jurídico vinculado al propio procurador general de la República.
RÉPLICA. García señala en su escrito que en ningún momento actuó como abogado ni gestor de Paul Sarubbi, ni antes ni después de ser director de Yacyretá.
“Menciona -la publicación de ÚH- que unos días después me comuniqué telefónicamente con los asesores jurídicos de Yacyretá, requiriendo copias de la denuncia presentada y sus antecedentes, e insiste, afirmando que, como no me fueron entregadas las copias, remití una nota solicitando nuevamente los documentos. Esta afirmación contiene de vuelta falsedades notorias, ya que en ningún caso se reciben documentos en la Procuraduría General de la República, mediante llamadas telefónicas a colegas de las asesorías jurídicas de los entes o a otros funcionarios del Estado; sino, como es rigor, mediante la remisión de correspondencia específica, y con asiento y registro del ingreso de los documentos...”, agrega el escrito.
“Afirma que la celeridad del caso es llamativa, cuando en otras ocasiones jamás pedí -supuestamente- copias de expedientes, como en las denuncias presentadas por los nuevos directores de Itaipú ante la Justicia, afirmando que es la primera vez que me involucro en la denuncia relacionada con la binacional. Este tramo del artículo es particularmente injusto, cuando construye una inferencia para levantar sospechas porque se ha producido una actividad regular de la institución, cual es la de la indagación de información relevante, para ejercitar su cometido constitucional de defensa del patrimonio estatal”, agrega.
Más adelante, sin embargo, el procurador aclara que él determinará, en forma excluyente, la agenda respecto a las entidades que serán objeto de pedidos de informe.
Asegura que ya se pidió información a varias reparticiones gubernamentales, algunas con respuestas y otras pendientes.
En ningún punto aclara por qué no hizo lo mismo en los casos de las graves y multimillonarias denuncias sobre presunto daño patrimonial que fueron elevadas a la Fiscalía por las actuales autoridades de Itaipú.
Argumenta que aún sufren una “debilidad institucional” que se refleja en la carencia de un sistema de información, la ausencia de información puntual y la dispersión de los hechos.
Finalmente, García admite que formó parte de un estudio jurídico con José Fernando Casañas Levi, que abandonó cuando fue designado al frente de la Procuraduría General de la República. Es más, aseguró que ese estudio constituye su origen y destino, porque cuando abandone el cargo público volverá al mismo grupo. Niega que desde su cargo haya intentado utilizar prerrogativas para obtener fotocopias a favor del estudio citado.
Por esta cantera, Sarubbi ordenó el pago de US$ 3,7 millones. Su hermano fue accionista y uno de sus hijos es actual directivo.