La historia de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) es bastante compleja, debido a los malos manejos administrativos que tuvo la empresa en 44 años y cuyo principal responsable es Argentina, aunque ciertamente hubo complicidad de parte de autoridades paraguayas.
En lo que se refiere propiamente a la deuda de la hidroeléctrica con el Tesoro argentino, esta nace de los aportes que brindó la nación vecina para edificar la central y que debían ser devueltos. El Tratado binacional, firmado en 1974, señalaba que Paraguay y Argentina, a través de ANDE y Ebisa (anteriormente AyE), iban a constituir un capital inicial, con aportes de USD 50 millones cada uno para la EBY. La ANDE aportó USD 10 millones, que prestó del Banco de la Nación Argentina.
El Tratado, en su artículo IX, estableció que “los recursos que, además de los mencionados, sean también necesarios para los estudios, construcción y operación de la central eléctrica y de las obras e instalaciones auxiliares, así como de las que se realicen para el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río Paraná, serán aportados por las Altas Partes Contratantes u obtenidos por Yacyretá mediante operaciones de crédito”.
De esta última frase se valieron los presidentes argentinos Jorge Rafael Videla y Raúl Alfonsín, quienes en 1979 y 1986, respectivamente, emitieron sendos decretos para transformar en préstamos todos los aportes hechos y venideros por Argentina para Yacyretá. El interés a devengar sería 6% anual. Se debe tener en cuenta la delicada situación económica que atravesaba el país limítrofe, especialmente tras la Guerra de las Malvinas.
Teniendo esto como antecedente, en 1992 se confeccionó una nota reversal para implementar que la tarifa de venta de Yacyretá baje a USD 30 el megavatio hora (MWh) hasta el 2048. Además, se fijan montos irrisorios para pagar a Paraguay por cesión de energía y por territorio inundado. El instrumento fijó que a partir de ese momento los aportes ya no devengarían intereses.
Esta reducción en el precio de venta, fuera de los valores de mercado, hizo imposible que la EBY obtenga los ingresos necesarios para devolver los aportes y mucho menos para pagar los intereses que los propios argentinos implementaron unilateralmente, entre otras obligaciones. Dos años después de esta nota, en 1994, empezaría a funcionar la primera turbina, por lo que se subsidió el consumo argentino. La NR de 1992 fue rechazada por el Congreso paraguayo en 1995, pero Argentina la siguió aplicando.
números oficiales. De acuerdo con las cifras presentadas por las autoridades argentinas y locales en la última negociación (números que nunca pudieron ser corroborados fehacientemente por la Contraloría paraguaya), el Gobierno rioplatense aportó en total USD 7.099 millones. El número se compone solo de los aportes, excluyendo los intereses que aplicaron los argentinos. Con este último concepto el monto se transforma en casi USD 19.000 millones, cifra impagable que durante mucho tiempo reclamaron varios gobiernos vecinos.
En el 2006, los presidentes Nicanor Duarte Frutos y Néstor Kirchner habían suscripto un preacuerdo, buscando el ordenamiento financiero en la EBY, y en aquel instrumento ya se acordó eliminar los intereses espurios. Se manejaba que la deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino quedaba en torno a los USD 6.000 millones.
El preacuerdo nunca vio la luz debido a otros puntos polémicos, como la novación (reestructuración) de la deuda. Se acordó que este pasivo sea pagado en 42 años con energía. La EBY daría al sistema argentino un total de 350.700 gigavatios hora (GWh), sin fijar cuál será la potencia contratada que permita tal generación de energía. Es decir, se estaría subsidiando al territorio vecino con electricidad durante un plazo demasiado largo, sin considerar el deterioro de las turbinas.
Según un informe especial que hizo la Contraloría sobre este acuerdo en 2007, la modalidad de pago era desventajosa para el Paraguay e injustamente ventajosa para Argentina. Asimismo, sentenció que los argentinos se beneficiaron desde 1994 a 2006 con una energía barata, fuera de los precios de mercado. Finalmente, el Poder Ejecutivo no remitió el acuerdo del 2006 al Congreso por el rechazo que ya habían adelantado los congresistas en su momento.
En el 2011, bajo el Gobierno de Fernando Lugo y Cristina Fernández, los directores de Yacyretá, Fulgencio Rodríguez (Paraguay) y Óscar Thomas (Argentina), suscribieron una declaración en la cual acordaron que se tenía que desendeudar a Yacyretá, con el fin de poder impulsar nuevas obras, como Añá Cuá y Corpus Christi. No se mencionaba un monto específico del pasivo. Este documento no se elevó a instancias superiores.
TRATADO IGNORADO. El Anexo C del Tratado de la EBY, en su numeral IX, expresa que “las disposiciones del presente Anexo serán revisadas a los 40 años a partir de la entrada en vigor del Tratado (1974-2014), teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Yacyretá para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”.
Como Argentina llevó el 94% de la energía desde 1994, este factor tenía que haber sido utilizado por el Gobierno de Horacio Cartes a la hora de negociar y sacar los números finales de la deuda, y la responsabilidad que asuma cada Alta Parte Contratante en caso de existir los pasivos.
Otro aspecto cuestionado es que ya aceptó construir Añá Cuá sin haber exigido mayores reivindicaciones, como la libre venta de energía a terceros países y la adecuación de las líneas de transmisión en 500 kV, para hacer efectivo el retiro del 50% de la electricidad de la EBY.
