Tras casi dos meses del asesinato de dos trabajadores de una estancia en Yby Yaú, Departamento de Concepción, cuyo hecho se presume pudo haber sido cometido por miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Cirila Valenzuela, madre de una de las víctimas, acudió a la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) para denunciar el “total abandono del Estado”.
Se trata de la mamá del joven fallecido Esteban David Valenzuela, de 28 años, quien fue asesinado junto con Julio César Aveiro Cárdenas, de 31 años. Este último, a su vez, era yerno de la denunciante, informaron desde el mencionado organismo.
La mujer aseguró a la Codehupy que, después del hallazgo de los dos cuerpos sin vida, a inicios de abril pasado, hasta el momento ninguna institución se comunicó con ellos para brindarles información sobre cómo proseguiría la investigación del secuestro y asesinato de su hijo y su yerno.
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Además, Cirila Valenzuela aseguró que los niños y niñas que quedaron huérfanos por las muertes de sus padres no fueron asistidos mediante contención sicológica, así como tampoco recibieron apoyo los adultos.
En ese sentido, la afectada manifestó que su esposo y padre de Esteban Valenzuela quedó con severos daños emocionales, por lo que incluso el pasado 10 de mayo perdió la vida a causa de un infarto.
Por otra parte, la dolida madre también señaló que actualmente se encuentran en una difícil situación económica, teniendo en cuenta que los dos jóvenes eran los encargados del sustento económico de prácticamente toda la familia.
Entretanto, la mujer aseguró que hasta la fecha la única entidad que les brindó apoyo y acompañamiento es el Decanato de Tapiracuái de la Diócesis de San Pedro Apóstol, dependiente de la Iglesia Católica.
El ente religioso había expresado preocupación por la falta de celeridad en la investigación del caso y la falta de contención a las familias perjudicadas por el crimen, mientras que en un comunicado el Decanato señaló que “la propuesta de seguridad establecida para el Norte del país fracasó”.
“Una vez más sostenemos el fracaso de la FTC en la lucha contra el grupo armado EPP: siguen aumentando los secuestros en el Norte, sigue aumentando el presupuesto de dinero, sigue aumentando la inoperancia, sigue aumentando la inseguridad y sigue aumentando la desconfianza en el trabajo de este organismo del Estado”, señala parte del documento que fue dado a conocer también por la Codehupy.
Por su parte, desde el órgano defensor de los derechos humanos ratificaron la responsabilidad del Gobierno en los hechos derivados de la inseguridad en esa zona del país, por lo que afirmaron que los familiares de los secuestrados y asesinados tienen derecho a reclamar resultados de las pesquisas sobre lo ocurrido y a pedir una atención integral.
El caso
Esteban Valenzuela y Julio Aveiro desaparecieron el 5 de marzo pasado en las inmediaciones de la estancia San Jorge, conocida como Mbarakaja’i, donde cumplían sus labores como alambradores. Los dos salieron de cacería portando presumiblemente una escopeta y desde entonces no se volvió a saber de ellos. Horas antes, lo mismo había ocurrido con el profesor jubilado Carlos González Britos, de 57 años.
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Como los tres no regresaban, el capataz de la estancia, Roberto Cardozo Giménez, comunicó al administrador Marcos Eduardo Yáñez, quien dio aviso a la Policía recién el pasado 11 de marzo. El hombre dijo que no lo hizo antes porque estaba esperando alguna comunicación de las víctimas.
Para el 14 de marzo, el profesor González fue liberado con algunos mensajes que supuestamente eran de parte del EPP y estaban dirigidos a los medios de prensa y, finalmente, los dos cadáveres fueron encontrados el sábado 2 de abril en el Cerro Sarambi, zona de la compañía Aguyje de Yby Yaú.
Tras el hallazgo, Cirila Valenzuela y la madre del otro fallecido, Celina Cárdenas Arévalos, identificaron los cuerpos. Ambas víctimas fatales eran humildes campesinos y padres de familia. Uno de ellos tenía un hijo de 4 años y otro de 10 meses, mientras que el otro contaba con un hijo de 8 años y una niña de 4 años.
