“Existe, desde hace un tiempo, un registro del Ministerio de Economía de las empresas jurídicas, un sistema de control y de rendiciones de cuentas de todas las organizaciones que reciben fondos públicos”, dijo.
Añadió que “desde la Procuraduría tenemos la función y competencia de precautelar el patrimonio del Estado, cuando hay dinero público de por medio. Entendemos que tiene que haber un control”.
Varios activistas de las oenegés nuevamente se pronunciaron en contra de la propuesta.
Consideran que evidentemente existe una intención de dispersar a las organizaciones en donde el Estado no llega con políticas públicas y que son complementadas por el trabajo de las oenegés.
La diputada Leidy Galeano dijo que más que buscar desalentar a estas organizaciones, el Estado debería ayudarlas, puesto que realizan un importante trabajo social.
