Durante una reunión especial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), que analiza el peaje impuesto por Argentina, se acordó continuar con el análisis técnico. Mientras, el Gobierno de Alberto Fernández se comprometió a no retener a embarcaciones de tráfico internacional por 60 días.
Igualmente, Paraguay, junto con Bolivia, Brasil y Uruguay mantuvieron la posición de rechazar del cobro del peaje, considerando que la imposición unilateral de una tarifa lesiona el derecho internacional vigente.
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Conforme a las informaciones brindadas por el vecino país, no se pudo constatar “servicios efectivamente prestados a la navegación y siguen siendo insuficientes para justificar la medida”, expresaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En ese sentido, el análisis técnico apunta a reducir el precio del peaje en la hidrovía.
Para los países citados, la tarifa de peaje contiene elementos discriminatorios y estaría destinada a gravar la propia actividad de la navegación, sin contar con el consentimiento de los demás.