Editorial

La demanda de energía eléctrica está creciendo rápidamente debido a varios factores, entre los que destacan las olas de calor y la criptominería. Esto genera desafíos en los sistemas de suministro y distribución de electricidad y, por supuesto, mayor necesidad de inversión que será asumida por la población. La situación nos obliga a debatir no solo la necesidad de fortalecer el sistema eléctrico, sino también cómo se financiará, de manera que esa inversión, además de eficiente y de calidad, se acoja al principio de equidad.

La política fiscal es parte fundamental del contrato social. La ciudadanía se compromete a pagar impuestos para financiar los bienes y servicios que necesita y a los que tiene derecho y el Gobierno, junto con el sector público, se compromete a gestionar esos recursos con eficiencia y equidad. Estos compromisos se concretizan en la política fiscal. Las evidencias muestran la mala calidad del gasto y la necesidad de recurrir al endeudamiento público derivado del déficit. Una parte del déficit debería ser resuelta mejorando el uso de los recursos públicos.