Editorial
En lo que se ha convertido la nueva forma de legislar, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley de la reforma del tren de cercanías, sin discusión alguna, e ignorando cuestionamientos y dudas respecto del plan. Ahora queda en manos del Ejecutivo promulgarlo o vetarlo. Lo cierto es que nos encontramos ante un gobierno que impone su mayoría, desoye las críticas y emprende proyectos de manera improvisada. Por sobre todo, resalta su falta de credibilidad, pues todos recordamos cómo terminó la nefasta historia del Metrobús.
Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás en la decisión de interrumpir la cooperación internacional en materia del combate al narcotráfico. Sin negar que la situación fue confusa y, sin duda, vergonzosa, es oportuno sin embargo evaluar el compromiso gubernamental en el combate al crimen organizado, el narcotráfico y su expresión urbana que es el microtráfico. Nos encontramos ante un grave problema que afecta a familias, comunidades y a la sociedad entera; por lo tanto, urgen acciones smás efectivas.
Después de haber detectado errores en los documentos de las tierras que serán puestas a la venta en la Costanera Norte, la Junta Municipal de Asunción aprobó la corrección de la documentación para seguir adelante con la subasta de tierras, a pesar de las críticas ciudadanas y la oposición de unos pocos concejales. Los principales cuestionamientos apuntan a que se realiza a las apuradas y de manera muy improvisada, a la vez que se apunta a la irresponsabilidad de la gestión del intendente Óscar Rodríguez, quien no ha consultado con los asuncenos.
Un reciente informe señala que el 50% de las divisas en Paraguay dependieron en 2024 del sector agrícola. Esto debe ser motivo de análisis por parte de las autoridades económicas, ya que son pocos productos, altamente dependientes de factores exógenos como el clima y la demanda internacional. Es necesario considerar la industrialización como un factor para un crecimiento económico sostenible e inclusivo que contribuya a la diversificación productiva y exportadora y a la reducción de las vulnerabilidades y la volatilidad.
La baja calidad de las instituciones públicas –organizaciones, normativas, funcionamiento– es un problema que está siendo alertado por todos los organismos internacionales y agencias de calificación crediticia. Recientemente, Fitch señaló que uno de los problemas más graves es la seguridad jurídica tanto por el funcionamiento deficiente del sistema de justicia como por el tratamiento de leyes en el Poder Legislativo que debilitan la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Paraguay tiene un gran desafío para mejorar sustancialmente la institucionalidad. Sin esta mejora el crecimiento se estancará y seguirá sin efectos relevantes a nivel microeconómico.