Desde el EEN –mediante un comunicado– manifestaron que el acuerdo “representará un enorme beneficio a favor del país” y reiteraron su respaldo a los términos del Acta de Entendimiento firmada por los cancilleres de Paraguay y Argentina el 4 de mayo del año 2017.
Asimismo, resaltaron los beneficios que obtendrá el país gracias a la definición del territorio inundado en ambos países (Paraguay 80% y Argentina 20%), con lo cual se podría recaudar unos USD 70 millones anuales en concepto de compensación.
Detallaron que otra de las modificaciones es la de resarcimiento por la cesión de energía, la cual se fijó en un 20% más, que representará un monto anual aproximado de USD 95 millones que recibirá Paraguay. La cifra podría variar si la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) retira mayor cantidad de energía de la EBY.
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Sostienen que con el pacto se logró la reestructuración y una disminución de 80% de la deuda de la EBY con la Argentina, la cual deberá ser pagada por la binacional. “Con esta acción se eliminó la indefinición financiera reinante por varios años, lo que da previsibilidad para el cumplimiento de los compromisos e inversiones”, argumentan.
Dicho punto fue el más cuestionado por los 19 senadores que votaron por el rechazo del acuerdo durante la sesión extraordinaria de este martes, que se extendió por más de cuatro horas.
El parlamentario Fernando Silva Facetti, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), solicitó al pleno la prórroga del tratamiento de las Notas Reversales por un plazo de 30 días, para poder analizar el origen de la deuda de USD 4.084 millones que se define en el acuerdo.
La senadora liberal Blanca Lila Mignarro, quien preside la Comisión de Hacienda de la Cámara alta, pidió el rechazo al proyecto, argumentando que merece un estudio de la mesa de análisis institucional.
Por su parte, Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), afirmó que ningún país aceptaría que el otro le dibuje una deuda. "¿De dónde salió?”, se preguntó la legisladora.
El EEN está conformado por los ministros de Hacienda, Industria y Comercio, Agricultura y Ganadaría, Relaciones Exteriores, Obras Públicas y Comunicaciones y, por último, de la Secretaría General de la Presidencia de la República, además del presidente del Banco Central del Paraguay.