Primeramente se allanó una propiedad del juez de paz de Chaco’i, Jorge Franco, ubicada en Villeta, donde se observó una lujosa casa de descanso. El procedimiento continuó en su vivienda en el barrio Hipódromo de Asunción.
Si bien se encontraba en el lugar junto con su esposa, la policía no lo pudo detener. “Por su calidad de juez goza de fueros y nuestra legislación establece que solamente en caso de ser flagrante comisión de hechos punidos se establece la detención. En este caso no fue así”, explicó Gladys González, una de las fiscalas.
El magistrado está involucrado en el esquema de megaestafa a través del Complejo Steven Automotores, que hasta ahora registra 68 víctimas. Como cabecilla fue identificado Denis Steven Bareiro, propietario de la playa de autos ubicada en Ñemby.
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Ambos están imputados, al igual que Marcelo Mereles Medina, Carlos Bareiro Benítez, Reinaldo Bordón Duisit (ujier), Carlos Yrala Fernández (oficial de Justicia) y Gabriela Noemí Gaona (actuaria judicial).
La fiscala Lourdes Bobadilla imputó al juez por el hecho punible contra el ejercicio de las funciones públicas, prevaricato y asociación criminal. Asimismo, solicitó que los antecedentes sean enviados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para que disponga el desafuero y siga el proceso en su contra.
De acuerdo a la investigación, la organización criminal estableció un esquema de venta de automóviles por contrato privado y pagos en cuotas, “con la intención de volver a recuperar lo vendido”.
Si los clientes se atrasaban en el pago unos días, hasta inclusive la primera cuota, iniciaban un juicio por incumplimiento de contrato y medida cautelar de urgencia en el Juzgado de Chaco’i, donde Jorge Franco emitía la orden de secuestro del automóvil, que además tenía sistema de GPS para localizarlo.
En uno de los casos, pidieron a una mujer entregar G. 17 millones más para devolverle su vehículo secuestrado.