El Sindicato Nacional Penitenciario anunció este viernes que el inicio de la huelga general se dará a partir de la medianoche de este lunes.
Los guardiacárceles saldrán a las calles y exigirán a las autoridades una base salarial de por lo menos G. 5 millones por las tareas de seguridad en todos los penales del país.
Previo a la reunión tripartita celebrada esta mañana, los representantes del gremio manifestaron a Telefuturo que actualmente perciben menos de G. 3 millones y algunos solo cobran G. 640.000 en concepto de peligrosidad.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppExigen a las autoridades mejores condiciones laborales dado que en su mayoría, de acuerdo a la versión, trabajan alrededor de 12 horas, no cobran horas extras y hasta carecen de días libres.
El Ministerio de Hacienda planteó utilizar los recursos habilitados por la Ley de Emergencia Penitenciaria y el Presupuesto General de la Nación del 2020 para la contratación de 500 nuevos funcionarios entre octubre y noviembre de este año.
Con esto, se pretende dar cobertura al déficit de trabajadores en todos los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, el salario ofrecido es de tan solo G 2.750.000.
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Ya para el ejercicio fiscal del próximo año propusieron la creación de cargos, a fin de cumplir con la reivindicación salarial de todos los agentes nombrados, beneficiando a un 90% de ellos con recategorizaciones.
Dentro del compromiso también figura poner un básico de G. 1.000.000 en concepto de peligrosidad.
A inicios de setiembre, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dio luz verde a la Ley 6365 que declara en emergencia penitenciaria los establecimientos penitenciarios del país, de varones, mujeres y centros educativos de menores, dependientes del Ministerio de Justicia, por el plazo de un año.
Esto implica la asignación de una ampliación de recursos por más de G. 13.000 millones para la agilización de los procesos que conlleven al mejoramiento del sistema penitenciario del país.
La legislación fue tratada en el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, tras la masacre en la cárcel de San Pedro, en junio de este año.
