Este órgano de la Iglesia católica emitió este viernes una carta abierta sobre el polémico proyecto de ley de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
La misiva está dirigida a autoridades nacionales, fieles católicos y a personas de buena voluntad.
La coordinación nacional de la Pastoral Social de la CEP expresó su preocupación sobre la propuesta legislativa y se adhirió a través de la misma al pronunciamiento de más de 80 oenegés, que también están preocupadas por la iniciativa impulsada por cartistas y temen que sea utilizada como herramienta de persecusión política.
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“Consideramos que el marco legal vigente contempla suficiente y coherentemente instituciones y mecanismos para el control y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, conforme a la naturaleza y ámbito de actuación de cada tipo de organización de la sociedad civil”, reza la carta abierta.
Antes de la aprobación del proyecto de ley en el Senado, el propio cardenal paraguayo Adalberto Martínez pidió su postergación, para que se establezca un espacio de diálogo con los afectados. Pero la propuesta igual tuvo media sanción sin importar dicho pedido.
La aplanadora cartista una vez más impuso su mayoría en el Senado y a tambor batiente dio media sanción a la norma, que de acuerdo con el órgano de la CEP, “contradice principios de la Iglesia” y de la Constitución Nacional.
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“La acción de la Pastoral Social se enmarca en los principios rectores de la Doctrina Social de la Iglesia: La dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiaridad y la solidaridad”, prosigue el documento.
La carta abierta, además, recordó lo que dice la Iglesia, a través de su Doctrina Social, con relación a la responsabilidad del Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
Enumeró el principio de subsidiaridad que insta a ayudar a los particulares y cuerpos intermedios con relación al abuso de las instancias sociales superiores, enfatizando que su libertad y responsabilidad no deben ser suplantadas; y que se opone a toda forma de centralización excesiva del Estado.
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Mencionó que el Estado debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos o absorberlos; también que los organismos estatales deben ponerse en actitud de ayuda respecto a las oenegés.
Recalcó que la consecuencia de la subsidiaridad es la participación, que es uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos. “Además, es una de las mejores garantías de permanencia de la democracia”, acotó la Pastoral Social.
Los afectados consideraron que la normativa no solo apunta a las organizaciones no gubernamentales (ONG), sino a cualquier tipo, como comisiones barriales, religiosas, de salud, educación e incluso las que trabajan con datos de grupos vulnerables, como niños, personas con VIH, entre otros.
