El jefe comunal de Salto del Guairá, Carlos César Haitter, prescindió de los profesionales abogados anteriores y designó a la abogada Norma Ivonne Marie Girala Diez a los efectos de asumir su defensa.
En su primera intervención, la nueva abogada designada pidió la copia del expediente e inmediatamente solicitó suspensión del juicio oral fijado para el próximo 11 y 12 de marzo, argumentando la complejidad del proceso y que necesita tiempo suficiente para interiorizarse totalmente del caso.
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Para el fiscal que investiga el caso, Vicente Rodríguez, el recurso de reposición es con el mero objetivo de dilatar el proceso judicial, considerando que la causa se extingue en cinco meses.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“La defensa tiene suficiente tiempo para estudiar el expediente judicial a falta de dos semanas para la realización del juicio”, precisó el fiscal.
El caso
El jefe comunal fue acusado por un supuesto hecho de lesión de confianza que deriva de su anterior administración municipal, periodo 2005-2010.
La investigación refiere supuestas irregularidades en la ejecución de obras dentro del Municipio en aparente contubernio con varias empresas, cuyos representantes también están siendo procesados.
El proceso judicial guarda relación con una denuncia formulada por el abogado Aureliano Brítez en el mes de marzo de 2014, sustentada en la auditoría practicada por la Contraloría General de la República (CGR).
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La investigación del ente contralor arrojó como resultado el supuesto faltante de G. 1.200 millones, ratificado por la auditoría contable del Ministerio Público.
Los contratos objetados son los firmados con las empresas Venancio Filomeno González, Ybyturuzú Cicsa, Tape Porã SRL, Hidrolatina SA, M&T Construcciones y RG Construcciones.
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Los trabajos tenían que ver con empedrados en varios tramos de la ciudad de Salto del Guairá. Los empresarios cuentan con sobreseimiento provisional, pero la causa aún está abierta.
De comprobarse el hecho, Carlos César Haitter se expone a una pena de hasta 10 años de cárcel.
