Justicia
Al término de la misa de Caacupé, referentes de la oposición y organizaciones civiles empezaron a movilizarse en la marcha Japay-Py “Por la justicia y contra todas las injusticias”. A su paso invitan a la unidad ciudadana para construir una proclama de consenso para elevar un mismo mensaje a los tres poderes del Estado.
El Ministerio de Justicia justificó el traslado del ex diputado Juan Carlos Ozorio a otro penal, sin autorización judicial y alegando “medidas de seguridad”.
El reclamo y la preocupación por asegurar que nuestra Justicia sea verdaderamente independiente están cercanamente relacionados con el principal y más grave problema que aqueja a nuestro país: la corrupción. No caben dudas de que una Justicia sometida a intereses políticos y económicos buscará siempre beneficiar exclusivamente a estos intereses, incluso por encima de nuestra Constitución Nacional y nuestras leyes. No tendremos una democracia ni estado de derecho si no logramos mantener el equilibrio de poderes.
Durante la misa dominical, a pocos días de la festividad en Caacupé, el obispo Ricardo Valenzuela criticó la impunidad que impera en el país y sostuvo que los criminales tienen en “jaque” a jueces y tribunales.
El anhelo de una Justicia imparcial e independiente se está viendo frustrado debido a la estrategia de copamiento por parte de un sector del Partido Colorado: el cartismo. Este sector está sacando el máximo provecho de la mayoría que tiene la ANR en ambas cámaras del Parlamento. Resulta peligrosa la soberbia de quien puede imponer su mayoría, incluso para forzar nombramientos que rayan lo inconstitucional. Con estas decisiones hacen un gran daño a la democracia y demuestran su desapego del estado de derecho.
La abuela paterna del niño, de tres años fallecido días atrás en el distrito de Yataity, manifestó que hace tres meses denunciaron a la madre en la Fiscalía por maltrato, pero que las autoridades no hicieron caso. Tiene claro que la madre y el padrastro son los responsables de la muerte de su nieto y lamentó que estén en libertad.
Los presos del penal de Tacumbú continúan con el control de la Penitenciaría desde hace ya varias horas, en tanto que se registraron incidentes frente a la penitenciaría entre familiares y cascos azules. En el interior los presos están quemando colchones para evitar el ingreso.
Un ex funcionario del Ministerio de Hacienda viene eludiendo a la Justicia desde hace 21 años. En una de sus causas, fue denunciado en el 2002, por el entonces ministro Óscar Stark, por haber desviado a su cuenta personal más de G. 1.724 millones de los fondos del Banco Mundial. Se trata de otro caso de impunidad a un hecho de corrupción pública como resultado de maniobras y chicanas judiciales. Estos hechos solamente consiguen socavar, más aún los cimientos del sistema democrático.
La actual situación del imputado senador colorado Erico Galeano es una vergonzosa exhibición de la impunidad que ya es casi nuestra marca país. Imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza, el político cartista, tras varias exitosas chicanas judiciales, logró que un juez lo beneficie con la prisión domiciliaria, y que incluso pueda acudir a las sesiones del Congreso. Estos son los privilegios que ostenta nuestra clase política, pues incluso por menos un ciudadano común ya estaría en el penal de Tacumbú.
La Policía Nacional aprehendió a uno de los dos sujetos que contaban con orden de captura por haber atropellado con arma de fuego una capilla y atacar a un adolescente que habría entrado a robar en casa de su madre. Ambas personas fueron imputadas por varios hechos.
El senador colorado, Erico Galeano, quien se encuentra actualmente procesado por lavado de dinero y asociación criminal ha logrado suspender –por tercera vez– su audiencia de imposición de medidas, al recusar al juez de la causa alegando supuesta parcialidad y falta de independencia del magistrado. Galeano a través de sus defensores ha iniciado así el proceso de las interminables chicanas judiciales, la deplorable táctica que lamentablemente nuestro sistema judicial permite y que apunta directamente a la impunidad.
La familia de Luciano Paredes, un ciclista de 17 años fallecido en un accidente de tránsito el pasado agosto, pide a las autoridades justicia. El responsable del accidente sigue con prisión domiciliaria y la familia de la víctima exige que vaya a prisión.
Un grave hecho de estafa fue denunciado y afecta a un grupo de docentes. Con pagarés que ya fueron previamente cancelados, una rosca de delincuentes se dedican a engañar y pretenden cobrar dos veces la deuda a estos funcionarios. En este caso, los documentos fueron cancelados en el 2013 y fueron sellados con nuevas fechas para iniciar la demanda y así cobrar de nuevo esos créditos; esos pagarés cancelados hace más de 10 años no habían sido retirados por los deudores. Urge una seria investigación.
Un hombre que fue brutalmente atacado con machete por dos hombres reclama justicia y la detención de los responsables, quienes, según manifestó, se pasean sin pudor por la vereda de su vivienda. De no tener respuesta, aseguró que tomará la justicia en sus manos.
El Tribunal de Apelaciones confirmó la condena de 28 años de cárcel para el autor del cuádruple homicidio ocurrido en enero del 2020, en una ronda de tragos en Presidente Franco, Departamento de Alto Paraná.
El senador electo Erico Galeano apeló la decisión del juez Gustavo Amarilla, quien rechazó las excepciones de falta de acción y de incompetencia presentadas por su defensa. Se trata de una nueva chicana para dilatar el proceso hasta su juramento como legislador por el periodo 2023-2028, cuya cita está marcada para este viernes.
El juicio oral y público a un militar, que en estado de ebriedad ocasionó un accidente fatal en el 2021, fue suspendido y reprogramado recién para el próximo año. Uno de los sobrevivientes lamentó la lentitud de la Justicia paraguaya.
El caso afecta a un electo concejal departamental de Misiones que fue imputado por el abuso sexual de su sobrina. Desde el Ministerio Público aseguran tener elementos que comprueban el delito.
Recientemente, un intento de robo en Limpio y un intento de asalto en Presidente Franco motivaron a ciudadanos a responder a la acción. La situación de gran inseguridad que se vive en todo el país es un peligroso caldo de cultivo para el enojo ciudadano. Resulta tremendamente riesgoso el accionar en la línea de los justicieros; es, no obstante, entendible debido al hartazgo de la población y, lo que es todavía más preocupante, la falta de credibilidad en las instituciones que deberían velar por la seguridad de la población.
Los padres de Fernando Báez Sosa y sus abogados hablaron con los medios nacionales e internacionales sobre la sentencia que recibieron los ocho implicados en el asesinato de su hijo y mencionaron lo que se viene de ahora en más, en una conferencia de prensa. “Me dio un poco de paz en el corazón”, dijo Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa, tras la sentencia dada este lunes en Argentina.
La causa por el cobarde crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero del 2020 en Argentina, llega a su final este lunes. El pedido de justicia une a dos países y los familiares y abogados esperan que se obtenga cadena perpetua para los ocho acusados.
Un hombre agredido brutalmente por varios jóvenes a la salida de una fiesta el pasado fin de semana, habló por primera vez. Mencionó que está vivo de milagro y espera que los responsables paguen por lo que le hicieron, ya que supuestamente no es la primera vez que lo atacan.
La desaparición de los niños soldados Cristian Ariel Núñez Lugo y Marcelino Gómez cumple 25 años este jueves. Los adolescentes fueron reclutados a los 14 años de forma ilegal por las Fuerzas Armadas de la Nación (FFAA). Sus familiares claman por verdad y justicia.
Un reciente caso que concita el enojo ciudadano apunta, una vez más, a nuestra justicia. Se trata de una casación resuelta en dos años, y una inconstitucionalidad considerada en el doble de tiempo. Estos no son los primeros casos en que las chicanas colaboran con una justicia lenta que al final, regala impunidad a algunos privilegiados. Lamentablemente estas demoras judiciales y los procesos que acaban en un opa reí son un sello característico. Pero no podemos tolerar más injusticias si pretendemos ser un país serio y creíble.
Una gran cantidad de personas y estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) realizaron una manifestación frente a dicha casa de estudios, exigiendo justicia para Fernando Báez Sosa y brindaron su apoyo incondicional a la familia del fallecido.
Este miércoles se cumplen tres años del salvaje asesinato de Fernando Báez Sosa frente a un boliche, en la ciudad Villa Gesell, Argentina. Por el caso, ocho rugbistas se enfrentan a un juicio oral y público a terminar el próximo 31 de enero.
En la tarde de este lunes, la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY) realizó una conferencia de prensa donde pidieron justicia a las autoridades tras las muertes de dos niñas de 13 y 4 años y mujeres indígenas.