05 abr. 2025

Justicia califica de “gravísimo” el supuesto caso de abuso a niño en la cárcel de Encarnación

El Ministerio de Justicia advirtió sobre la gravedad de haber dejado ingresar a un niño a la cárcel de Encarnación en sectores no autorizados. En ese sentido, menciona que no apañará a los funcionarios responsables y que colaborará en la investigación del supuesto abuso en las instalaciones.

cereso.jpg

El abuso sexual habría ocurrido en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

Foto: Archivo.

Desde tempranas horas de este miércoles, la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción del Ministerio de Justicia estará en el Centro de Reinserción Social (Cereso), de Itapúa, para recabar datos, indicios y pruebas que puedan servir a la Fiscalía en la investigación de supuesto abuso sexual de un niño de 9 años.

La primera medida se dio el martes con la intervención de la cárcel, cuyo director, Pedro Rodas, fue separado del cargo. Como interventor asumió Cristian Ortiz Claverol por el plazo de 30 días, mientras se esclarezca el caso.

El viceministro de Política Criminal, Víctor Manuel Benítez, explicó a radio Monumental 1080 AM que la irregularidad se da desde el momento en que se permite el ingreso del niño hasta una celda o la zona de visitas privadas. Además de que presumiblemente haya pasado la noche en las instalaciones.

“A todas luces, que haya ocurrido esta situación es gravísimo y bajo ningún motivo vamos a apañar a una persona que pudo haber sido responsable de que la criatura haya ingresado a la penitenciaría, y mucho menos de que haya sido abusado de esa manera”, dijo.

Lea también: Justicia interviene el Cereso por 30 días, tras supuesto abuso a un niño

De acuerdo a los datos preliminares, una mujer visitó a su pareja que está privada de libertad en compañía de sus hijos e incluso pasaron la noche en la cárcel. Esta situación habría sido aprovechada para cometer el abuso del niño de 9 años.

Se sospecha que el autor es el padrastro, pero la Fiscalía aún debe recabar datos.

La mujer y sus hijos viven en Ciudad del Este, donde el niño empezó a presentar molestias estomacales hasta que fue derivado al Hospital y se constató que tenía heridas que son características de un abuso sexual.

“No solamente el autor del hecho punible sería investigado en esta situación, sino que todos los que permitieron el ingreso de esa criatura al centro penitenciario y mucho más aún hasta la habitación o sector de privadas, donde se habría cometido el abuso”, insistió Benítez sobre el caso.

La investigación fiscal está a cargo de Rocío Valdez, de Encarnación. Se omiten datos que puedan facilitar la identificación de la víctima, en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Más contenido de esta sección
Una embarazada de cuatro meses de gestación acudió a un hospital de Coronel Oviedo debido a un malestar estomacal. Fue sometida a una cirugía por sospecha de apendicitis, pero perdió a su bebé. Su familia apunta a un caso de negligencia médica.
Varios camiones de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) partieron con alrededor de 36.000 kilos de alimentos no perecederos destinados a 1.500 familias indígenas aisladas por falta de caminos de todo tiempo en el Departamento de Alto Paraguay, el cual fue declarado en emergencia por 100 días.
El Tribunal de Apelación ratificó la condena de cuatro años de prisión para la presidenta de Insumos Médicos (Imedic) SA, Patricia Ferreira, y la directora de la firma, Nidia Godoy, por el ingreso irregular de medicamentos oncológicos al país.
El líder indígena de la colonia Jaguati recibió una hoja que contenía una amenaza por parte del Primer Comando Capital (PCC). El hecho ya fue comunicado al Ministerio Público.
La Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron un local de copia de llaves y controles en la ciudad de San Lorenzo, de Central, en busca de una estructura que estafa a personas a través de la venta de vehículos usados que ofrecen por redes sociales. El presunto líder fue detenido y se prevén más allanamientos.
El procurador Marco Aurelio González, en representación del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), presentó una querella adhesiva por el hecho punible de resistencia contra el abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir a funcionarios y abofetear a una fiscalizadora.