Según reportes recientes, los delitos menores como el hurto de biciclos y objetos de hogares son mayormente perpetrados por adictos con antecedentes, quienes a menudo son liberados rápidamente tras su detención. Un oficial, bajo condición de anonimato, expresó frustración ante esta situación, señalando que los delincuentes frecuentemente se burlan de las autoridades, porque a días de su detención ya vuelven a estar afuera.
Recientemente, la policía logró recuperar varias motocicletas robadas y arrestar a algunos sospechosos con historial delictivo. Sin embargo, el paradero de muchos de estos biciclos continúa siendo desconocido.
La semana pasada, un asalto armado a empleados de la empresa San Agustín resultó en la pérdida de 91 millones de guaraníes. Aunque los responsables han sido identificados, siguen prófugos.
El abigeato también sigue siendo un problema persistente. Recientemente, delincuentes atacaron a un granjero y faenaron tres de sus animales, repitiendo un incidente similar ocurrido hace más de un año, que nunca fue resuelto, pese a que en ese momento llevaron nueve reses.
En el barrio San Roque, sector Calaverita, los residentes se han visto obligados a organizar rifas para recaudar fondos para hacerse de cámaras de seguridad, debido al acoso y la violencia ejercidos por vendedores y consumidores de crac. A pesar de los esfuerzos de la Senad y la policía Antinarcóticos para detener a los vendedores, familiares continúan con el negocio ilícito, según fuentes.
Además, la falta de uso de cascos entre los motociclistas ha contribuido a 400 accidentes entre enero y mayo, algunos de ellos mortales. Como respuesta, se ha lanzado desde la Junta Municipal una campaña para hacer obligatorio el uso de casco entre los aproximadamente 40 mil motociclistas del distrito.
El avance de la delincuencia urbana en Concepción en los últimos tiempos no resulta extraño, considerando que la zona rural y las poblaciones más pequeñas del departamento han sufrido ya desde hace décadas la violencia ejercida por las bandas armadas autodenominadas Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y similares, con secuestros de personas y ataques a estancias con propósitos extorsivos. A ellos se sumaron el avance del crimen organizado, con grupos dedicados a la plantación y tráfico de marihuana en grandes cantidades. Junto con este avance de organizaciones criminales con estructura y logística, era inevitable la llegada de la inseguridad, con la oferta cada vez mayor de drogas, especialmente el crac, a los jóvenes más vulnerables, caldo de cultivo para la delincuencia.
